Por CIRO D. YACUZZI
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2015 es, sin dudas, el peor año en la carrera política de Sandro Guzmán. Desde que decidió abandonar a Sergio Massa y volver al Frente para la Victoria, nada le salió bien. En la Casa Rosada no le dieron la exclusividad que esperaba y, rendido a los números de las encuestas, decidió bajarse de las elecciones primarias, renunciando a su deseo de un tercer mandato en la Intendencia. Encima, las cuentas del Municipio están en rojo y tuvo que empezar a recortar los gastos de una manera drástica: dejando a cientos de trabajadores en la calle y ajustando al mínimo sus erogaciones con proveedores.
Una situación que pinta de cuerpo entero el crítico estado de las arcas públicas escobarenses ocurrió a mediados de mes. En el parque industrial de Garín se iba a realizar el miércoles 15 una exposición de las escuelas técnicas y centros de formación profesional del distrito, pero el evento se canceló 48 horas antes porque el Municipio no podía cumplir con su parte: pagar el alquiler de las carpas donde se haría la muestra.
El ejemplo es lapidario, pero no es el único. El más evidente, si se quiere, es la moratoria que se lanzó en junio. Al margen de que las facilidades y los descuentos no son tan convenientes para los contribuyentes como otras veces, es de lo más inusual que un intendente tome una medida de este tipo a meses de entregar el poder.
Ante este contexto y la imposibilidad real de hacer frente siquiera a los gastos de la superpoblada planta de personal municipal -hay más de 2.500 empleados efectivizados y contratados, a los que se suman cientos de destajistas y monotributistas-, el jefe comunal no tuvo más opción que empezar a despedir gente. En su mayoría, según trascendió, a aquellos que estaban más precariamente encuadrados, para no tener que afrontar indemnizaciones.
En la espasmódica poda también cayeron quince trabajadores sociales y psicólogos de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, cuyos haberes son costeados por la Provincia a través de un fondo específico (ley 13.298). Los afectados reclamaron la ilegalidad del desaguisado y fueron reincorporados.
A esta altura, demás está decir que la inmensa mayoría de las obras anunciadas para este año se encuentran totalmente paralizadas por falta de fondos.
¿Qué pasó para que el Municipio caiga en esta casi bancarrota? Las razones no están claras. Todo indicaría que el disconformismo de los vecinos con esta gestión derivó en una severa caída de los niveles de pago de la tasa por servicios generales. Párrafo aparte, llama la atención que en el Concejo Deliberante ningún concejal haya por lo menos atinado a presentar un pedido de informes al Ejecutivo.
En medio del caos, pasó casi inadvertido un hecho muy sugestivo. El contador Nelson Bermúdez fue apartado de la Secretaría de Hacienda -volvió a su cargo anterior-, aparentemente por cortocircuitos con el jefe de Gabinete, Walter Blanco, y en su lugar fue nombrada Verónica Altube, funcionaria de mayor afinidad con el número dos de la Comuna.
Así, obligado por las circunstancias y también por un supuesto compromiso político de dejarle “la casa en orden” -o, al menos, no tan patas para arriba- a su sucesor, Sandro Guzmán se encamina a un fin de ciclo sombrío, teniendo que desactivar la bomba de tiempo que él mismo construyó y viendo las elecciones como un mero espectador.
