Lo que pasó en la noche del jueves 1° de septiembre en el barrio porteño de Recoleta marcó un antes y un después para la todavía joven democracia argentina. Así como nadie olvida qué estaba haciendo el día que un grupo terrorista atacó el edificio de la AMIA o, más recientemente, cuando murió Diego Armando Maradona, el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es otro hecho que se transformó en una bisagra de la historia nacional.
Resulta difícil hacer futurología e imaginar qué hubiese pasado si las balas salían de la pistola Bersa Lubag 84 con la que Fernando Sabag Montiel gatilló dos veces en la cabeza de la titular del Senado. Probablemente, el país hubiese quedado inmerso en una crisis institucional, política y social peor que la que ocurrió hace más de 20 años. Pero, ya sea por impericia del agresor, nervios o un milagro, eso no ocurrió.
A nivel local, el repudio por el atentado unió a todo el arco político, empezando por el intendente en uso de licencia y actual secretario de Economía del Conocimiento de la Nación, Ariel Sujarchuk, quien se expresó en las redes sociales apenas se conoció el ataque.
“Todo mi repudio y condena a este intento de atentado a Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la república y líder de la democracia. Este violento y brutal hecho debe poner un límite a los discursos de odio que buscan dividir a nuestro pueblo”, manifestó esa misma noche, en medio de la conmoción generalizada.
Del otro lado de la grieta, el ex senador provincial Roberto Costa también dio a conocer públicamente su postura. “En nuestra historia hay momentos muy oscuros de los que aprendimos que la democracia es lo más valioso que tenemos, y que la violencia jamás debe ser aceptable. Mi mayor repudio al atentado sufrido por la vicepresidenta de la Nación”, remarcó el concejal de Juntos en uso de licencia.
Repudio legislativo
Por su parte, los 24 concejales del partido de Escobar dejaron a un lado sus diferencias para unirse en un unívoco rechazo al atentado, exigir su esclarecimiento y rechazar la proliferación de las expresiones de odio, en una sesión especial que se llevó a cabo el miércoles 7.
La convocatoria tuvo asistencia perfecta: un dato no menor, ya que robusteció la postura institucional del Concejo Deliberante de Escobar contra el gravísimo atentado que sufrió la dos veces presidenta. Con matices, todos los ediles que hablaron fueron claros en su repudio al hecho.
“No llego a comprender tanto odio, no me entra en la cabeza. Yo quiero un llamado a la reflexión. ¿Qué hubiera pasado si esa bala salía?”, planteó la presidenta del bloque del Frente de Todos, Flavia Battistiol.
La presidenta del bloque opositor, Yésica Avejera, fue enfática y contundente: “Desde Juntos Escobar repudiamos absolutamente el intento de magnicidio que tuvimos que ver y sufrir como sociedad, un hecho gravísimo que ha cruzado todos los límites. Nadie puede ni debe ser ajeno a lo que sucedió”.
“Tenemos que ser responsables con lo que hacemos, con lo que decimos y con lo que demostramos, porque odio no queremos. Ninguno de los que estamos acá queremos, ni fomentamos odio”, remarcó Avejera.
El radical Diego Castagnaro se expresó en términos similares: “Es un hecho gravísimo, que a todos nos conmovió. Menos odio y más empatía es lo que nos moviliza a nosotros y por eso hoy estamos acá, para solidarizarnos con Cristina Fernández de Kirchner y repudiar el hecho», sostuvo.
Otra voz que se destacó entre las alocuciones fue la liberal Griselda Aristi, quien expresó su “total y absoluto repudio” al atentado y deseó “un pronto esclarecimiento del hecho, en la justicia”.
“Cuando sucedió esto quedé en estado de shock, nunca pensé que iba a ver una cosa así en Argentina. Todos tenemos la obligación de bajar los decibeles y de respetar al otro como ser humano que piensa distinto, respetarnos a nosotros mismos, la vida y no usar la palabra ‘odio’, que es horrible, espantosa”, señaló la concejal de Unión Liberal.
Desde Juntos también habló Carina Chmit: “Esto tiene que ser un punto de inflexión. Tenemos que trabajar por la paz social y que la gente vea que podemos tener diferentes miradas políticas, pero siempre con respeto”, expuso.
Por parte de la bancada oficialista se expresaron varios concejales, pero probablemente las palabras más adecuadas hayan sido las de Miguel Ramírez, quien llamó a “no permitir que las discrepancias o disidencias se tornen violentas”. “Estamos naturalizando cosas por el solo hecho de la vorágine de vivir y querer imponer nuestras propias ideas y, en ese intento, naturalizamos la descalificación, el agravio, el insulto”, señaló. Y advirtió que “a los comunicadores de radio y TV también les cabe esa reflexión”.
El repudio al intento de magnicidio contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner fue votado por unanimidad. En su texto, la resolución manifiesta la necesidad de “reafirmar que la convivencia pacífica y la tolerancia forman parte central de la democracia argentina” y plantea la necesidad de “desterrar totalmente y para siempre las expresiones de odio y los agravios hacia quienes piensan de una forma distinta”.
Discursos de odio
El fallido atentado perpetrado por Sabag Montiel y la presunta banda de vendedores de copos de azúcar sacó a la luz una problemática existente hace años y agudizada desde algunos medios de comunicación y las redes sociales: los discursos de odio.
Esta expresión, tan en boga en los días posteriores al ataque, tiene un largo historial. El antecedente más doloroso quizás es el que se vivió en la Alemania nazi con la colectividad judía y la reivindicación del exterminio impulsado por Adolf Hitler y sus seguidores, pero también hay ejemplos a la vuelta de la esquina.
Comunicadores que dicen muy livianos de cuerpo que los miembros de este gobierno “van a correr”, otros que difunden noticias falsas sin el mínimo esfuerzo de chequeo ni retractación alguna y el accionar de algunos dirigentes con más actitud de trols que de funcionarios públicos, solo por mencionar algunos casos. La violencia está presente en todos ellos, tengan la orientación política que tengan.
Para el abogado y académico español de la Universidad de Pompeu Fabra, José Manuel Díaz Soto, la expresión discurso de odio “es empleada para designar acciones antijurídicas, o cuando menos inmorales, de la más diversa naturaleza”.
“Bajo este concepto se ha identificado la quema de cruces en los barrios de personas de color, la negación del Holocausto del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial y la promoción del exterminio del pueblo Tutsi que daría lugar al genocidio ocurrido en Ruanda en 1994; hechos que, si bien son todos censurables, guardan pocas características en común más allá de estar condicionados por motivos abyectos o, más exactamente, por el odio hacia una determinada colectividad”, sostiene.
A nivel nacional, un equipo interdisciplinario del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires indagó en esta problemática. El Grupo de Estudios Críticos sobre Ideología y Democracia (GECID), a cargo del investigador Ezequiel Ipar, a fines de 2020 hizo una encuesta sobre la existencia y permanencia de estos discursos en la sociedad.
En líneas generales, el relevamiento indicó que un 26% de la ciudadanía argentina promovería o apoyaría discursos de odio, mientras un 17% sería indiferente y un 57% los criticaría o desaprobaría.
La generación con más predisposición a adoptar este tipo de discursos es la de los millenials (personas de entre 25 y 40 años), con un 31%; mientras que los baby-boomers (56-74) son los que menos los apoyan (20%). En los centennials (15-24), si bien la aprobación es del 26%, la desaprobación es muy alta (61%) y son los menos propensos a mantenerse indiferentes.
“Los discursos de odio atraviesan de manera ligeramente diferenciada, pero trasversal, a todas las generaciones. Los millennials están más expuestos que generaciones anteriores a una cultura de internet en la que hoy priman. Twitter, por ejemplo, es una red social muy popular entre los millennials, y ha sido caldo de cultivo, en los últimos cinco o seis años, para la emergencia de nuevas culturas políticas que dan lugar a este tipo de expresiones de odio”, afirma Lucas Reydo, becario doctoral del CONICET en el Instituto Gino Germani.
Como si nada
El intento de magnicidio fue condenado por la gran mayoría de las instituciones y casi todo el arco político, con la ruidosa excepción de la líder del principal espacio opositor, Patricia Bullrich, y del diputado libertario Javier Milei. Sin embargo, la solidaridad duró menos que un suspiro.
Las dudas sobre la veracidad de un hecho en el que todas las piezas parecieran encajar, las críticas a la fuerza política a la que pertenece la vicepresidenta y otras actitudes cuestionables rápidamente dilapidaron la endeble premisa que sostenía que un hecho de esta índole cerraría la grieta y uniría a los argentinos.
Por el contrario, la misma Bullrich redobló la apuesta una semana después cuando hizo una recorrida de campaña por el centro de Escobar: “Todo mi esfuerzo va a estar en la decisión de combatir al kirchnerismo, que es un modelo que no integra, que nos enemista y que divide a la Argentina en dos países”, afirmó la ex ministra de Seguridad, que en sus años mozos supo formar parte de organizaciones armadas y en la actualidad no pierde oportunidad para lanzar diatribas a su partido rival, sin medir las consecuencias.
Mientras la investigación avanza, las pericias demuestran la implicancia de varios integrantes de un grupo de ultraderecha denominado Revolución Federal, con vinculación con distintos sectores de la política. No obstante, el ex presidente Mauricio Macri -que sí se solidarizó por el ataque- considera que fue perpetrado por “un grupo de loquitos”.
Que quede algo claro: el atentado no fue solamente contra Cristina Fernández de Kirchner sino contra la democracia. Si el destinatario hubiese sido el mismo Macri, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta o Bullrich, la gravedad institucional hubiese sido la misma.
Actualmente existen varios países de Europa que tienen leyes contra el odio en internet y redes sociales, el canal por donde más circula. En Argentina, la libertad de expresión es uno de los derechos garantizados por la Constitución Nacional, pero quizás se vuelva necesario discutir algunas excepciones a la normativa. No puede permitirse que algunas expresiones de violencia pasen como si nada.
