Eduardo Constantini, Jorge O’Reilly y otros inversores de menos renombre en el mundo del real state se encontraron con un obstáculo inesperado en Escobar, donde sus megaemprendimientos inmobiliarios se estaban desarrollando con viento a favor hasta que el intendente Ariel Sujarchuk decidió ponerle un freno de mano al suspender los permisos de obra de las cinco urbanizaciones privadas más grandes que se están construyendo en el distrito.
Lo hizo “con la ley en la mano”, apoyándose en un dictamen técnico de la Provincia que rechazó los planes de sector presentados por Puertos, El Cantón, San Matías -los autodenominados “Nuevo Escobar”-, El Naudir y El Cazal. Entonces, lo que venía siendo un camino de pétalos en la relación de los empresarios con el Municipio se convirtió ahora en un sendero sembrado de espinas, donde la única salida es barajar y dar de nuevo.
A instancias de una resolución del Ministerio de Obras Públicas de la provincia, el Municipio dispuso a inicios de abril la paralización de las obras en los megaemprendimientos urbanísticos que se están construyendo en el partido de Escobar.
Distintas fuentes consultadas por DIA 32 coincidieron en que la cuestión central es el rechazo de la Provincia a “los planes de sector” presentados por los desarrolladores. “En virtud de esta disposición, de la que el Municipio es autoridad de aplicación, lo que hicimos es pedirles que cumplimenten todas las observaciones que se les hicieron y se abstengan hasta tanto de avanzar con las obras”, explicaron desde el Municipio.
La indecorosa situación tiene por protagonistas nada menos que al magnate Eduardo Costantini, socio mayorista de la compañía Consultatio -desarrolladora de Nordelta, en Tigre- y dueño del Museo de Arte Lationamericano (Malba); y a su par no tan adinerado Jorge O’Reilly, presidente de Eidico, la misma empresa que mantiene otro litigio con la gestión de Sujarchuk por la usurpación de una calle en Punta Querandí, en el límite de Maschwitz y Dique Luján. En Escobar, Eidico es responsable de San Matías.
La controversia alcanza a otros actores del mercado inmobiliario: JPU, de El Cantón; y E2, que está construyendo El Naudir-Aguas Privadas y El Cazal, ambos emplazados entre la barranca y el Río Luján, en lo que comercialmente dan a conocer como el “Nuevo Cazador”.
Si bien las observaciones no son iguales en cada caso, lo que es común a todos son las diferencias en el cálculo de la densidad poblacional, que se rige según la tabla que consta en la ley provincial número 8.912, que desde 1977 a la fecha rige el ordenamiento territorial y el uso del suelo en los 135 distritos bonaerenses.
Según trascendió, en las presentaciones que se elevaron a la Provincia estas nuevas urbanizaciones declaran una densidad poblacional inferior a la establecida por el artículo 37 de la citada norma. Concretamente, 60 en vez de 150 habitantes por hectárea. Como sobre este parámetro se calculan la cesión de tierras y el dinero que deben darle al municipio, con esa diferencia los inversores se estarían ahorrando más del 150% de lo que les correspondería retribuirle a Escobar. Esa es la discusión de fondo.
Y un dato todavía más alarmante: los planes de sector que la Provincia rechazó, porque no se encuadraban legalmente y favorecían más a los intereses de los inversores que a los del distrito, fueron avalados por el Concejo Deliberante y la anterior gestión de gobierno municipal. ¿Error, ignorancia o complicidad?
“Inversión con inclusión”
El litigio entre el Municipio y los grupos inversores mantiene en vilo a cientos de nuevos vecinos que se encuentran habitando en estos megaemprendimientos, tanto como a aquellos que están construyendo y a los que adquirieron lotes en las últimas ventas, ante la imposibilidad de escriturar sus terrenos y realizar obras mientras el conflicto no se resuelva.
Sobre este punto, el jefe comunal enfatizó que “los desarrolladores, de manera irresponsable, no están llevando a cabo las acciones jurídicas ni administrativas que garanticen a los inversores particulares y al partido de Escobar las condiciones mínimas necesarias para que estos proyectos puedan seguir avanzando. En todos, absolutamente todos los pasos, han transgredido las ordenanzas y las leyes provinciales”.
“Estamos salvaguardando simultáneamente dos intereses: el patrimonio urbano y ambiental del distrito y el derecho individual de cada uno de los interesados en construir, que merecen tener la seguridad de contar con un marco jurídico que les permita escriturar sus lotes legalmente”, explicó Sujarchuk. Y sentenció: “Yo no voy a ser cómplice de una ilegalidad”.
Durante el transcurso del mes, algunos inversores se mostraron más proclives que otros al diálogo y la búsqueda de soluciones. Puertos, El Cantón y San Matías serían los más propensos a un nuevo acuerdo, mientras que los responsables de El Naudir y El Cazal estarían mostrando mayor reticencia.
“Algunos están con voluntad de corregir los planes de sector y otros quieren seguir modificando el medio ambiente por fuera de las leyes provinciales y ordenanzas municipales. Es más, están haciendo obras que ni siquiera están presentadas en la Municipalidad y movimientos de suelo de grandes dimensiones que fueron clausurados pero los continúan”, expresó Sujarchuk. Y reveló que el Municipio envió copias de todos los expedientes a la Fundación Confianza Pública para que “analice todo lo actuado hasta la fecha y emita un dictamen”.
El planteo del Municipio sobre los megaemprendimientos no se limita a la regularización de los planes de sector objetados por la Provincia. Para levantarles la barrera, el intendente también pretende consensuar con los urbanizadores un aporte concreto para finalidades específicas, tomando como marco lo estipulado en la mencionada ley 8.912.
En esta discusión, que se está dando paralelamente, la pretensiones de Sujarchuk son tres obras que considera fundamentales para el distrito: 1) Que completen la pavimentación del acceso de Panamericana hasta la avenida San Martín, a la altura de El Cazador; 2) Que ejecuten un plan hidráulico diseñado por el Municipio en el barrio San Luis para “evitar que se inunde a consecuencia de las obras que hicieron ellos”; 3) La reparación del puente de La Arenera, en Ingeniero Maschwitz, que habría sido roto por los camiones que acceden a esos emprendimientos.
“Queremos que estas inversiones multimillonarias tengan un derrame con inclusión social. Eso es lo que estamos discutiendo”, enfatizó en la apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante el mandatario, quien tras cumplir sus primeros 100 días de gestión empezó a librar una pulseada contra un adversario nada menor: los poderosos grupos económicos que vienen llenando sus bolsillos con los negocios inmobiliarios que hacen en el partido de Escobar.
Nuevos edificios, también bajo la lupa
Al igual que los megaemprendimientos urbanísticos mencionados, la proliferación de edificios en altura en el centro de Belén de Escobar también está bajo la lupa del Municipio, que en las últimas semanas clausuró varias construcciones y multó a otras tantas que excedieron la cantidad de pisos y metros que estaban autorizados a desarrollar.
“Todos los emprendimientos que detectamos en infracción tienen entre 200 y 400 metros cuadrados construidos de más. Algunos, incluso, habían comenzado a comercializarse sin haber presentado los planos adecuadamente en la Municipalidad. Todos ellos han sido clausurados y no van a ser reabiertos hasta que no regularicen su situación”, expresó el intendente Ariel Sujarchuk en declaraciones a El Día de Escobar.
“Nuestra intención es reordenar Escobar y que se respeten las normas. No puede ser que algunos hagan lo que quieren y que otros hagan la vista gorda”, amplió.
El camino del Gran Bonete
Hace no menos de quince años empezaba a hablarse de un camino de circunvalación que conectaría la ruta provincial 25, a la altura de las barrancas de El Cazador, con el kilómetro 45 de la autopista Panamericana, cuya construcción estaría a cargo de un ambicioso desarrollo inmobiliario que se conoció como «Pentamar». El proyecto finalmente no se concretó, pero aparecieron nuevos actores, como Costantini, O’Reilly y JP Urruti, que posaron sus ojos sobre esa misma zona para emprender lo que inicialmente presentaron como «El Nuevo Escobar».
Durante mucho tiempo se sostenía, desde la Intendencia para abajo, que esos nuevos inversores serían quienes construyan el mentado camino. Pero solo lo hicieron hasta las puertas de sus accesos, dejando sin pavimentar un tramo de cuatro kilómetros hasta la ruta 25.
Tras muchos dimes y diretes, en marzo de 2013 el entonces intendente Sandro Guzmán dio a conocer que el Municipio se haría cargo de la obra, pero con un ligero cambio de planes: la conexión a la avenida San Martín sería a través la calle Mermoz, en la zona del barrio Las Lomas. El comunicado donde se informó la noticia aseguraba que el inicio de los trabajos era inminente. Pero nunca se hicieron.
«La inversión será costeada íntegramente por el Municipio y oscilará los $7 millones. La obra ya fue licitada y se están firmando los contratos de adjudicación, por lo que el inicio está previsto para el mes de abril», decía el parte oficial. Tres años después, suena a broma de mal gusto.
El tema vuelve ahora al centro de la escena, al ser uno de los planteos que el actual intendente les hizo a los inversores. “No tenemos firmada ninguna promesa de ejecutar obras públicas”, expresaron sobre el asunto desde JPU, aunque reconocieron que “existió un borrador, que nunca se llegó a firmar”, donde El Cantón, San Matías y Puertos se comprometían a completar los cuatro kilómetros de la calle Libertad que restan asfaltar hasta la barranca.
