Por CIRO D. YACUZZI
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Punta Querandí es un sitio público, arqueológico, educativo y sagrado. Con esas cuatro palabras lo define un colorido cartel de madera colocado por el Movimiento en Defensa de la Pacha, la organización indígena y vecinal que desde 2009 custodia el lugar para que no sea arrasado por la insensible inversión inmobiliaria. Queda en el paraje rural Punta Canal, perteneciente a la vecina localidad de Dique Luján pero cerquísima de Ingeniero Maschwitz, a tal punto que una de sus dos vías de acceso es por la calle Brasil, que es el límite geográfico entre los partidos de Escobar y Tigre.
El inconmensurable valor de esas tierras radica en que hace más de mil años fueron habitadas por los primeros pobladores de lo que varios siglos después se convertiría en la provincia de Buenos Aires. No sólo que allí vivieron sino que también allí enterraron a sus muertos los indios querandíes, además de dejar rastros de sus hábitos y costumbres en fragmentos de cerámicas, instrumentos de hueso y roca, entre otros materiales que son objeto de investigaciones arqueológicas.
Hace poco más de tres años, el Movimiento en Defensa de la Pacha empezó a movilizarse para evitar que el predio, de una hectárea, sea anexado al barrio náutico privado San Benito, del complejo urbanístico Villanueva. La desarrolladora inmobiliaria Eidico, del empresario Jorge O’Reilly, está al acecho, aunque existe una causa judicial que pone en tela de juicio la legitimidad de sus derechos sobre esa parcela. Según la denuncia, el Estado Nacional cedió el boleto de compra venta a O’Reilly pero no se completó la escritura, por lo cual jurídicamente la transferencia no tiene validez.
Mientras tanto, los embanderados de la resistencia organizan actividades de concientización y jornadas para revivir ritos ancestrales de los pueblos originarios como las celebraciones del Inti Raymi (Fiesta del Sol, en quechua) y de la Pachamama (Madre Tierra).
Activistas indígenas de distintos distritos consideran a Punta Querandí como uno de sus lugares de batalla “contra el poder colonial que perdura en la Argentina de hoy” y un importante freno a la conquista inmobiliaria de los barrios privados, “que desde la década del ‘90 vienen desplazando a los pobladores, apropiándose de lugares públicos y destruyendo miles de hectáreas de humedales con cementerios y enterratorios”.
Asimismo, el sitio suele ser visitado por escuelas en salidas didácticas organizadas por docentes para que sus educandos conozcan in situ esta historia y sus matices. Esto es lo que había pensado la profesora Lucía Surban (27), quien quería llevar allí a sus alumnos de 4º año y 5º año de Historia, Geografía y Política y Construcción de Ciudadanía del colegio privado Bunkerhills – Historia de Viajeros, de Garín. Pero no solo no pudo hacerlo sino que las autoridades del establecimiento la expulsaron por entender que estaba tratando de manipular políticamente a los estudiantes, aunque no se lo dijeron con esas palabras. En tanto, a otra docente -Alejandra Gette (43)- que planificaba con ella la visita a Punta Querandí la apercibieron con una carta documento.
Cronología polémica
El controvertido episodio ocurrió a fines de junio, pero tomó trascendencia pública en los primeros días de agosto a través de las redes sociales y de algunos medios digitales que se hicieron eco de la noticia, que alcanzó una amplia repercusión local.
“Mientras estábamos presentando la documentación para la visita educativa, yo dije en una nota periodística que la escuela iba a ir. Ante ese artículo quisieron hacerme firmar un acta que decía que yo faltaba al Estatuto Docente en dos artículos. Me acusaron de faltarle el respeto a las jerarquías de la institución, de no educar basándome en el amor y el respeto a la Patria, prescindiendo de religiones y de posturas partidarias. Obviamente, yo no creí haber violado ninguno de esos dos artículos, entonces me negué a firmarlo”, relató Surban al portal El Día de Escobar.
Veinticuatro horas más tarde, su “rebeldía” le valdría el puesto. Cuando volvió a la escuela, ubicada en Isla Nueva y Bourdet, en el barrio San Javier, el portero le dijo que tenía órdenes de no dejarla pasar y de indicarle que tenía que hablar con su representante legal. “Me quedé dos horas parada frente a la puerta llamando al abogado para saber qué tenía que hacer. Nunca pensé que podían llegar a despedirme”.
¿Por qué la echaron a ella y a su compañera no? “Porque yo tengo 3 años de antigüedad y Alejandra tiene 12. Sino nos hubieran echado a las dos”, explicó.
La visita planificada por Surban pretendía involucrar a los alumnos del Bunkerhills en un proyecto del cual participarían varias escuelas. Unos 90 chicos iban a intercambiar lo que hubieran aprendiendo en el lugar: quiénes eran los querandíes, qué era un humedal y cuáles fueron los pueblos originarios, entre otros temas.
“¿Cómo nos van a negar eso? Es negar la historia propia, la historia local. Para nosotros era fortalecer el sentido de pertenencia. Que los chicos digan ‘qué bueno, los querandíes eligieron este lugar donde nosotros vivimos’, y así quererlo un poco más, tomar conciencia”, señaló la profesora, quien dijo sentir “una profunda decepción” por la actitud de los directivos.
Surban también afirmó que la visita al yacimiento arqueológico tenía el visto bueno del inspector. Sin embargo, las autoridades de la escuela acusaron a las profesoras de manipular políticamente a los chicos y de utilizarlos para hacerlos parte de una protesta que, según ellos, iba a realizarse el día de la visita, indicó la docente.
“Les hacía ruido el conflicto que hay con los countries y con el Opus Dei, que quieren construir barrios sobre la reserva. La dueña decía que cómo podía ser que nos opusiéramos a ellos. Pero nosotras no nos oponemos a las urbanizaciones privadas, nos oponemos a estos tipos que no respetan las leyes, las normas, ni nada. Eso tiene que resguardarse. Los fundamentos presentados por el director para rechazar la visita son muy flojos. No me recibieron ni el proyecto final, donde estaba todo lo que ellos dicen que no había, como condiciones de seguridad, sanitarios y lugar para guarecerse”.
La profesora presentó una demanda judicial contra la escuela por daños y perjuicios. Mientras, analiza con su abogado cómo probar los hechos de discriminación. Pero lo que más le duele es haber perdido a sus alumnos. “Es la escuela de mi barrio, la adoro. Van los chicos con los que yo convivo. Incluso me pagaban menos que en otros lados y yo decidí trabajar igual porque es la escuela de mi comunidad. Un colegio privado de clase media baja que los padres hacen un montón de esfuerzo para pagar. Los estudiantes son un grupo súper emprendedor y comprometido, tomaron muy mal que me hayan echado”, finalizó.
Las autoridades del colegio no solo decidieron guardar silencio ante este grave suceso sino que trataron de amedrentar con advertencias legales de tono intimidatorio a una periodista de DIA 32 y El Día de Escobar con la que habían pautado una entrevista a la que finalmente terminaron negándose. “No queremos meternos en un ida y vuelta de dichos que no tienen ningún sentido. No vamos a justificar por qué despedimos a una docente del plantel, es un derecho que nosotros tenemos y podemos hacerlo cuando lo creamos conveniente”, fue la única explicación que ofreció la representante legal del colegio, Laura Ibarra. Y avisó: “Tengan cuidado con lo que dicen, porque de lo contrario podemos tomar acciones legales”.
La conclusión queda a criterio del lector.
