Así como no es cierto que muerto el perro se acabe la radia, que el basural isleño se encuentre clausurado desde hace un año no significa que, por ello, haya dejado de contaminar. Por el contrario, si contaminaba, continúa haciéndolo y aún peor. Todavía hoy, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS) no concluyó sus estudios para determinar si el predio de la empresa Transportes Olivos daña al medio ambiente y en qué medida. Mientras tanto, esas miles y miles de toneladas de residuos, acumulados durante una década, siguen ahí, bajo la tierra. Pero, eso sí, ya no largan tanto olor. Quizás por eso muchos vecinos hayan dejado de quejarse airadamente como lo hacían hasta el 20 de junio de 2008, en consonancia con un gobierno municipal que tampoco tiene al tema en su agenda de asuntos prioritarios.
“Ahora están echándole tierra arriba para ir generando una capa impermeabilizante y taparlo, pero la basura sigue largando ese jugo lixiviado que, lógicamente, sigue contaminando. Y si a eso le agregamos que se siguen descomponiendo residuos patológicos e industriales, que se siguen generando combustiones internas y que toda esa basura debe estar produciendo gases de tipo metano, el día de mañana podría ocurrir una explosión de todo el predio. Es una posibilidad, una hipótesis, porque no tiene chimeneas de venteo ni cañerías de flujo de lixiviados. Todo lo que se produce ahí está yendo al acuífero”. La voz corresponde a Héctor Magnani, uno de los miembros fundadores de la Asociación Ambientalista de Escobar (AAPE), creada, justamente, tras las primeras movilizaciones de 2007 contra el relleno sanitario de Transportes Olivos.
La empresa, en cambio, sostiene su inocencia: “El relleno sanitario está bien gestionado y no produce contaminación”, aseguró a DIA 32 su gerente, Fabio Chiarbonello.
Dos años atrás
Durante años, la existencia del basural de la ruta 25 -a un kilómetro del Río Luján- pasó casi inadvertida para el grueso de la población escobarense. Sin embargo, Transportes Olivos se había instalado allí a mediados de los ’90 y a fines de 1998 consiguió que el Concejo Deliberante le autorizara, mediante la ordenanza 2878/98, la recepción de residuos sólidos urbanos de otros distritos durante quince años. Por ese entonces, sólo la ONG Escodelta ponía el grito en el cielo denunciando el ataque al equilibrio ecológico de la isla y la contaminación de la primera napa subterránea, de donde se extrae el agua para el consumo, a causa de los líquidos lixiviados expelidos por los residuos.
Pero en el verano de 2007 algo cambió: de pronto, los pestilentes olores que venían soportando los pocos lugareños y la comunidad de la escuela 22 -ubicada a mil metros del basural- empezaron a llegar hasta las narices de los vecinos de El Cazador. Y más de una vez, también al centro de la ciudad. La acumulación de hartazgo e indignación de tantos afectados derivó en un gran cabildo abierto, en mayo, donde trescientos vecinos coincidieron en exigir a las autoridades el cierre del predio. El reclamo se prolongó varios meses: hubo más reuniones -ya con menos asistentes-, marchas, jornadas de concientización, presentaciones judiciales, audiencias con funcionarios y otras acciones, hasta que el 20 de junio de 2008 llegó el día esperado.
Sorpresivamente, el OPDS dispuso una inspección del depósito de Transportes Olivos y le aplicó la “clausura preventiva” por “deficiencias en el tratamiento y la gestión de los residuos”, al comprobar “irregularidades con la cobertura en el frente de descarga y el tratamiento de los líquidos lixiviados”. También se sostuvo que “contaminaba gravemente las vías hídricas y el suelo y subsuelo, tanto en las zonas de instalación y disposición como en las adyacentes”. Además, el lugar no contaba con el estudio de impacto ambiental correspondiente, según la información oficial que se suministró a los medios tras el procedimiento.
Un año después
Sin embargo, a doce meses de la clausura el organismo provincial que coordina Nicolás Scioli no ha determinado si, efectivamente, Transportes Olivos es culpable de lo que se la sospecha. Inicialmente, el OPDS consideró que “la operación en ese sitio representa un riesgo al medio ambiente y a la salud de la población”, pero todavía no dictó sentencia sobre el caso.
DIA 32 se comunicó con diversas dependencias del organismo, donde las fuentes consultadas justificaron la falta de una definición en que “esos estudios llevan mucho tiempo”. También confirmaron que la clausura preventiva está vigente y que su efecto impide que entren al relleno más residuos. Pero no fue posible que algún funcionario diera precisiones sobre el real grado de avance del expediente en el último año.
Desde el Municipio la información también es nula. El director general de Salud Ambiental, Gustavo González Marín, reconoció no estar al tanto de novedades y se escudó en una cuestión de competencias. “Que se haya clausurado es un gran paso, pero ya no está en nuestras manos seguir avanzando, no tenemos ninguna injerencia”, explicó. No obstante, se comprometió a contactarse con el OPDS para interiorizarse y ofrecer la colaboración de la Comuna.
A falta de respuestas técnicas, el funcionario intentó dejar un mensaje tranquilizador al afirmar que la intención del gobierno es que la empresa no retome su actividad. “Ese lugar no podría estar peor de lo que está, pero los vecinos tienen que tener la tranquilidad de que eso no va a regresar a lo que era, va a progresar hacia algo diferente, que es lo que el Municipio quiere”.
[wppg_photo_slider id=»121″]
Modelo actual
Varios meses antes de que el OPDS intervenga y clausure el basural, el Municipio ya había dejado de usarlo para descargar las recolecciones diarias de residuos sólidos urbanos y ramas. El nuevo destino para esos deshechos fue el inmenso relleno sanitario del Ceamse, en el distrito de San Martín, bien lejos de las narices y los ojos de los escobarenses. Los números que se manejan por la prestación del servicio de higiene urbana en el distrito llegan a representar más del 17% del presupuesto municipal, según cifras dadas a este medio por una alta fuente del Ejecutivo. Por ejemplo, la empresa Covelia se lleva $ 18 millones al año por juntar la basura, barrer las calles y llevar sus cargas al Ceamse. Allí, además, se pagan mensualmente unos cien mil pesos de canon para realizar la disposición final. Panizza, en tanto, cobra $ 8,4 millones por la recolección de los residuos verdes. Solo en estos tres ítems, la Comuna tiene un gasto de casi $ 28 millones al año, sobre un presupuesto proyectado en 160 millones.
Con tanto dinero, más lo que se recauda desde hace un año con la tasa de protección ambiental, seguramente se podrían haber dado pasos en dirección a un nuevo modelo de gestión de residuos. De hecho, así lo obliga la ley provincial 13.592, que establece la implementación de un proceso sintetizado en tres erres: reducción (en la generación de desechos), reciclaje y reutilización. Pero, por hora, nada de nada.
Silencio, contaminación
Así las cosas, y aunque ya casi ni se hable del tema, en el basural de la isla todo sigue igual. A simple vista, la única diferencia es que las montañas de desperdicios que podían verse desde la ruta han sido tapadas con tierra. Y si bien no recibe más residuos por estar clausurado, diez hectáreas de las 190 que tiene allí Transportes Olivos están repletas de basura enterrada. Ahí radica el problema, ya que si no están recibiendo el tratamiento adecuado, el suelo isleño y el agua del Puelche pagarán muy caro el precio de la contaminación.
“Lo mínimo que se tendría que hacer es instalar biodigestores, levantar toda esa basura y hacerle el tratamiento correspondiente. Deberían exigírselo a la empresa”, señaló Magnani.
Del otro lado de la orilla del Luján, el vicedirector de la escuela 22, Sergio Turzi, afirmó que “según la procedencia del viento, todavía se sienten los fuertes olores del basural”. Además, las aves carroñeras siguen sobrevolando por la zona y el deterioro del paisaje isleño se aprecia en múltiples aspectos. “Tendrían que llevarse toda esa basura de ahí”, expresó como un ruego el docente.
“Yo, sustentable”
“El predio ni produjo ni va a producir contaminación. El relleno sanitario, bien gestionado, no contamina”, aseguró el gerente de Transportes Olivos. Y agregó: “Hemos presentado al OPDS informes que sostienen que la actividad no generaba ni generará impacto al ambiente si se opera como se venía operando. Si hubiera contaminación debería haber sido clausurado de manera definitiva, no preventivamente”.
Chiarbonello, además, consideró que un año es “bastante tiempo” para que el OPDS no se haya expedido, aunque se mostró muy paciente. “Esto lo está manejando un estudio jurídico importante que lleva todos los temas ambientales de la empresa. El tiempo, que en principio puede jugar en contra, a futuro puede jugar a favor. Lo que se hace rápido también se puede hacer mal”, advirtió. En otras palabras, la empresa no tiene apuros porque confía en recuperar por la vía judicial el dinero que no puede generar por tener cerrado el basural.
Buenos vecinos
Las voluminosas inversiones inmobiliarias proyectadas sobre el humedal escobarense, casi hasta las tierras de Transportes Olivos, parecieran la mejor garantía de que el basural ya tiene su suerte echada. Más aún, existe un amplio consenso respecto a que la presión de estos sectores haya sido el detonador de su clausura y no el reclamo que venía planteando la comunidad. “No tengo ninguna duda de que el bullicio que hicimos les sirvió a los desarrolladores inmobiliarios”, acepta Magnani, que también alerta por el impacto que los nuevos barrios cerrados le causarán al bañado. “Salimos de Guatemala y nos metimos en guatepeor; en esencia, el avasallamiento a la naturaleza es el mismo”, afirma.
Con un enfoque similar, Turzi coincidió en señalar a los intereses privados como principal elemento de presión para la clausura del basural. “No soy tan ingenuo de pensar que se debió a lo que la gente venía haciendo, aunque eso también haya servido”, planteó.
Hasta Chiarbonello estuvo de acuerdo en que “la presión fue política”. Y explicó: “Sandro (Guzmán) fue muy claro cuando dijo que en su proyecto de gobierno la zona era turística y para otro tipo de emprendimientos. Hoy nuestra actividad no encaja con la realidad del Municipio, eso está claro”.
Darle gas
Transportes Olivos acaba de ingresar en la segunda etapa de un proyecto experimental que consiste en extraer gas del basural para calefaccionar las oficinas de su predio de la ruta 25. Esto se da a través de un reciente acuerdo con la EPA (Environmental Protection Agency), la agencia de protección ambiental estadounidense.
Humedales
Generalmente se los identifica como áreas donde la napa freática aflora en la superficie o en suelos de baja permeabilidad cubiertos por agua poco profunda. Son ecosistemas de gran importancia por los procesos hidrológicos y ecológicos que en ellos ocurren y la diversidad biológica que sustentan, como cuando el agua acumulada en el humedal desciende hasta las napas subterráneas y se produce la recarga de acuíferos; sustentan una importante diversidad biológica y en muchos casos constituyen hábitats críticos para especies seriamente amenazadas. Uno de los aspectos fundamentales por los que en los últimos años se ha volcado mayor atención en la conservación de los humedales es su importancia para el abastecimiento de agua dulce con fines domésticos, agrícolas o industriales.
Sobre estos argumentos, los ambientalistas sostienen que instalar un basural, o desarrollar emprendimientos inmobiliarios, son igualmente un atentado contra las tierras del humedal.
