Desde agosto de 2008, todos los contribuyentes del partido de Escobar fueron alcanzados por un nuevo gravamen fiscal: la tasa de protección ambiental. Su valor: un 10% del monto que se paga por servicios generales. Por esa caja, el Municipio llevaría recaudado bastante más de dos millones de pesos, pero el destino de esos fondos no está a la vista ni se informa.
La creación de esta gabela se empezó a barajar en el segundo trimestre del año pasado y se anunció oficialmente el jueves 19 de junio. En aquella jornada, altos funcionarios del Ejecutivo presentaron el programa de Salud y Educación Ambiental (SEA) en el Concejo Deliberante, en una audiencia a la que concurrieron como invitadas las entidades intermedias y ONG’s más participativas del distrito.
Pese a que el clima no era el ideal para el flamante gobierno por la impaciencia de la gente que pedía la clausura del basural isleño -casualmente, se concretó al día siguiente-, numerosos asistentes aprobaron la presentación con aplausos, ganados por las propuestas que se mostraban en una pantalla y que locuazmente exponía el hasta ahí director de Salud Ambiental -ahora director general de Desarrollo Sustentable-, el veterinario Gustavo González Marín. Se hablaba de fomentar un municipio con perfil ecologista a partir de una política de tratamiento integral de residuos e inversiones públicas para adquirir nuevo equipamiento, mejorar instalaciones y construir un centro de adopción de mascotas. Desarrollar planes de forestación, tomar pasantes universitarios, realizar campañas de concientización, dar seminarios y charlas en los colegios fueron otros de los objetivos que se manifestaron ese día.
Así, a fines de junio el Concejo Deliberante, en asamblea de mayores contribuyentes, aprobó por mayoría la creación de la denominada “tasa verde”. Pero el proyecto enviado por el Ejecutivo, antes de ser votado, sufrió una completa modificación en su articulado. Para aventar toda especulación sobre una posible compra del basural de Transportes Olivos -como había trascendido por la prensa-, el oficialismo decidió corregir la versión original del texto, en la que se contemplaba la adquisición de bienes inmuebles. Según la nueva redacción, los fondos obtenidos mediante esta imposición fiscal serían orientados al “control, monitoreo, prevención y preservación del aire, suelo, agua, flora, fauna y cualquier otro dirigido directa o indirectamente al mantenimiento y optimización de la calidad ambiental”.
Las primeras emisiones de la “tasa verde” salieron desde el Palacio Municipal en agosto. Según había expresado públicamente el jefe de Hacienda, Jorge Fossati Scopazo, la expectativa recaudatoria era de unos “250 mil pesos mensuales”. O sea, en un año -agosto de 2009-, tres millones de pesos.
Superavit verde
¿Qué se hizo con todo ese dinero? es la pregunta a la que intentó encontrarle respuestas DIA 32. De las averiguaciones realizadas surge como conclusión excluyente que casi ni se tocaron para lo que se originó la “tasa verde”. De hecho, de los veinte puntos que se mencionaron en aquella tarde de junio sólo se cumplió la recuperación de 39 hectáreas de un predio fiscal, en Maquinista Savio, donde se reducen y depositan los restos de poda. Pero el gasto que implicó es casi insignificante.
Repasando refuerzos presupuestarios y acciones de los últimos doce meses en el marco del SEA, González Marín -el único funcionario de su rango que no tiene un despacho- alcanzó a enumerar la compra de una camioneta Ford Ranger para su desplazamiento, la incorporación de dos empleados, la edición de dos cortometrajes que se estrenarían en agosto y sus cuarenta charlas en distintas escuelas del distrito.
Si esa es toda la inversión, evidentemente el medio ambiente tiene un amplio crédito en las cuentas de la Comuna.
Color esperanza
“Estoy seguro de que esto va a salir adelante. Estoy haciendo todo lo posible para que así sea y el Intendente tiene esa voluntad, sé que es así porque lo hemos hablado y confío en él”, le dijo a DIA 32 González Marín.
El funcionario admitió que las situaciones vividas por el dengue, las elecciones y la gripe “A” hayan “distraído” forzosamente de sus objetivos ambientales al Municipio, a la vez que también justificó la lentitud de los avances en que “para hacer algo como corresponde hay que trabajar mucho en los proyectos”.
“Lo más importante de todo es el cambio de espíritu que se generó dentro del Municipio para considerar importantes los temas ambientales. Ahora tiene que llegar la etapa de las concreciones, de ejecutar. Deberíamos encontrar soluciones que aparezcan en escena rápidamente. No podemos esperar más”, concluyó el veterinario.
En fin, la “tasa verde” cumplió un año; pero, por ahora, no hay motivos para festejar.
A un año de la Tasa Verde
Cuando en agosto de 2008 algunos ciudadanos nos opusimos a viva voz a la creación de la “tasa verde” fue conociendo los pobres antecedentes del Municipio en lo referido a la defensa ambiental. Aquella noche, el HCD hizo oídos sordos a nuestro pedido de explicaciones sobre la clausura del basural isleño, para imponer al contribuyente un marcado aumento en el impuesto municipal bajo un pretexto ecológico.
Transcurrido un año de vigencia de la tasa, ni el vecino de Escobar vislumbra ni los funcionarios explican fehacientemente el destino del monto recaudado.
Desde la asunción de Sandro Guzmán, los ambientalistas aguardamos a que el intendente comience a hacer efectiva su promesa de construir una planta de reciclado de residuos para nuestro partido, compromiso firmado de su puño y letra que obra en nuestro poder desde 2007.
La recolección diferenciada y el tratamiento de residuos es ítem prioritario en la agenda ambiental, al que debería destinarse una parte sustancial de los más de dos millones de pesos extras que el Municipio ha cobrado ya a los vecinos.
La reticencia municipal a informar sobre la aplicación del cuantioso dinero recaudado en concepto de “tasa verde” solo se explica si el mismo no hubiese sido ejecutado -lo que revelaría desidia e ineficiencia- o si los fondos se hubiesen desviado a otros rubros, con las responsabilidades legales del caso.
El color que identifica al medio ambiente es el verde, pero la tonalidad de las cuentas públicas debe siempre permanecer incolora y transparente.
Diego Luzuriaga
Miembro de la Asociación Ambientalista del Partido de Escobar (AAPE)
Un Derecho Agraviado
Hace un año que los contribuyentes de Escobar pagamos junto con la tasa por servicios generales una tasa más.
En junio de 2008, en audiencia pública, se presentó el programa de Salud y Educación Ambiental, y para poder solventarlo se creó una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante que habilitó el cobro de este nuevo impuesto. Los fondos serían derivados a la Dirección de Desarrollo Sustentable, responsable de implementar el programa, y afectados solamente para este fin. Hace un año también que nos venimos preguntando: ¿Dónde están esos recursos que hemos abonado? ¿Cuándo se van a poder utilizar? ¿Por qué no han sido derivados?
¿Qué importancia realmente le da el Municipio al medio ambiente cuando contando con los fondos retarda en un año la implementación de las acciones que podrían protegerlo? ¿Qué conciencia ciudadana se puede crear cuando es precisamente el Estado el que no da el ejemplo? ¿Qué participación le otorga el Municipio a las ONG´s que ofrecen su experiencia y presentan proyectos con la única intención de realizar un trabajo articulado en función de un objetivo destinado al bien común?
Además de todas estas preguntas: ¿Cuántos hemos solicitado a lo largo de este año una explicación a la Secretaría de Hacienda sobre el destino de los fondos que debimos aportar mensualmente? ¿Cuántos nos hemos dirigido a la Defensoría del Pueblo por considerar que esta falta de claridad constituye un derecho agraviado?
¿Ya estamos tan asfixiados que ni siquiera nos damos cuenta de que nuestra vida depende de la salud y la educación ambiental? ¿O tal vez todavía hay alguien (esperemos que no sea el que maneja nuestros fondos) que considera que estos temas no son prioritarios?
Patricia Toriggia
Miembro de la ONG MAYDA (Medio Ambiente y Defensa Animal)
