Una mediación impulsada por la Defensoría del Pueblo de Escobar permitió conocer, al fin, el destino de los fondos recaudados por el Municipio a través de la “tasa verde”. Pero en vez de satisfacer el genuino interés de contribuyentes y asociaciones intermedias, la rendición de cuentas despertó nuevos cuestionamientos, ya que la mayor parte del dinero se utilizó para fines no declarados en el programa de Salud y Educación Ambiental (SEA).
El informe exhibido el viernes 6 de noviembre por los funcionarios municipales dio cuenta de una recaudación de $ 2.962.318, desde el primer día hábil de enero hasta el 31 de octubre. Dejando de lado que no se ofreció ningún dato respecto a los fondos percibidos en los últimos cinco meses de 2008 -la tasa de protección ambiental comenzó a cobrarse en agosto de ese año-, el detalle de las imputaciones reveló gastos impensados y hasta difíciles de justificar.
La erogación más impactante, que consumió un tercio de esa caja, se originó en el envío de residuos al CEAMSE: $ 90 mil por mes; ergo $ 1.080.000 en un año. Sin embargo, en el lanzamiento del SEA -el 19 de junio de 2008, en el Concejo Deliberante-, ese ítem ni siquiera se insinuó entre los casi veinte que el director general de Desarrollo Ambiental, Gustavo González Marín, enumeró ante el auditorio.
Consultado por esta llamativa situación, el secretario de Salud Pública, Matías Bertol, no dudó en afirmar que “es el costo que implicó el cierre del basural” isleño. Un argumento poco válido si se tiene en cuenta que los residuos de Escobar ya viajaban hasta el predio del Camino del Buen Ayre desde diciembre de 2007, cuando el Intendente decidió dejar de alimentar el cuestionado depósito de Transportes Olivos y solventó con recursos de la tasa de servicios generales el viaje de los camiones hasta el municipio de San Martín.
Las otras dos terceras partes del presupuesto para políticas medioambientales tampoco se ejecutaron de modo convincente. Por ejemplo, $ 1.179.300 se gastaron en alquileres de maquinarias y de bateas para la disposición de restos de poda en El Cazador. De ese importe, $ 279.200 fueron para contratar máquinas chipeadoras que se utilizan en un predio fiscal de Maquinista Savio para reducir las ramas.
Además, se acusó un desembolso de $ 25.000 por la simple producción de un video educativo sobre poda y cuidado de plantas, que, para peor, todavía no se estrenó.
Verdes y colorados
A la salida de la reunión con la Defensora del Pueblo y los representantes del Ejecutivo, las asociaciones ambientalistas y ONG’s coincidieron en sus críticas sobre el discrecional manejo de la plata que entró a las arcas municipales a través de esta nueva gabela.
“Valoramos que al menos nos hayan dado una rendición de cuentas, pero deducimos que dos tercios de los fondos fueron derivados a otros fines y se gastó muy poco en los objetivos del SEA”, fue la primera conclusión de Héctor Magnani, de la Asociación Ambientalista del partido de Escobar (AAPE).
En la misma línea, Susana Corbani, de Medio Ambiente y Defensa Animal (MAYDA), agregó: “Nos hubiera gustado que invitaran a las entidades a la hora de definir las prioridades para usar ese dinero. Queremos que sea un presupuesto participativo”.
Por su parte, el abogado Mariano Molina, que asistió al encuentro en representación de Avanzada Sociocultural Escobarense (ASCES), advirtió que “los objetivos del programa son tan amplios y generales que impiden establecer un contralor. Se necesita una reforma de esta ordenanza, donde se establezcan cinco objetivos principales y un plan de evaluación para determinar si se cumplieron. De otra manera, estamos a la marchanta”.
