Aunque las urbanizaciones privadas ya han arrasado con buena parte de los humedales del partido de Escobar, la reciente sucesión de fallos judiciales que obligan a paralizar el avance de estas obras no dejó de representar una buena noticia para las organizaciones ambientalistas y sociales que venían reclamando un freno a la voracidad inmobiliaria.
El primer dictamen surgió desde el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro N°1, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, quien le ordenó al municipio de Escobar que se abstenga de autorizar la construcción de nuevos emprendimientos en la Cuenca del Río Luján.
La disposición, que se conoció el viernes 1º de julio, también involucra a otras quince comunas: Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Luján, Exaltación de la Cruz, Campana, San Andrés de Giles, General Rodríguez, Mercedes, Suipacha, Pilar, Moreno, José C. Paz y San Antonio de Areco.
La jueza determinó que todos estos municipios no podrán “autorizar la construcción de nuevos emprendimientos o ampliaciones de los ya existentes” en la planicie de inundación del Río Luján y el Delta del Paraná. Asimismo, estipuló que la prohibición tendrá vigencia “hasta tanto el tribunal cuente con las conclusiones de un estudio pericial acumulativo ordenado y, además, se disponga lo contrario”.
La resolución de Arroyo Salgado, quien tomó notoriedad pública tras la aún no esclarecida muerte de su ex marido, el fiscal Alberto Nisman, se dio en el marco de una causa que tiene por protagonista al desarrollo urbanístico Venice-Ciudad Navegable, de Tigre, cuyas obras la magistrada ordenó clausurar preventivamente “hasta tanto el emprendimiento se adecue al cumplimiento de la normativa vigente”.
En el mismo fallo, la jueza hizo saber al municipio de Tigre que el emprendimiento Remeros Beach “no podrá comenzar su ejecución hasta tanto cuente con las habilitaciones correspondientes”.
En idéntica sintonía se pronunció, dos semanas después, el juez federal de Zárate-Campana, Adrián González Charvay, quien ordenó suspender la habilitación de nuevos emprendimientos inmobiliarios y ampliaciones de los existentes en la zona comprendida por la Cuenca del Río Luján en los partidos de Escobar y Pilar.
La resolución tomada por González Charvay tendrá vigencia hasta tanto se realice y evalúe “un estudio pericial integral e interdisciplinario” para “determinar, detallar y delimitar los diferentes humedales que existan en la zona”. Dicha tarea fue encomendada por el magistrado al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
El juez informó al Ministerio de Infraestructura y Obras Públicas de la provincia que “hasta la conclusión del estudio pericial deberá abstenerse de otorgar convalidaciones técnicas finales o bien factibilidades para la construcción de nuevos emprendimientos urbanísticos cerrados, construcciones y/o emprendimientos en general, como así también ampliaciones de los ya existentes”.
“Desde 2011 estamos haciendo estos reclamos. Si se hubiesen parado en ese momento, la situación sería otra y no hubiesen ocurrido las inundaciones que lamentablemente costaron la pérdida de vidas humanas”, expresó Viviana Rebasa, quien impulsó la medida cautelar sobre la que se expidió González Charvay.
La integrante de la Asociación Ambientalista de Escobar analizó que estos fallos se dan recién ahora “porque las consecuencias fueron terribles y se van a multiplicar si no se toman estas medidas”, al tiempo que alertó que la destrucción del ecosistema de los humedales pone “en riesgo valores y funciones esenciales para la vida de millones de personas”.
