Por CIRO D. YACUZZI
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En la Argentina del Bicentenario quedan muchos debates pendientes sobre los derechos civiles. Es cierto que varios ya se saldaron y que en los últimos años se produjeron avances incluso impensados en algunos aspectos. La posibilidad de que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio es uno de esos progresos, así como las más recientes leyes de Identidad de Género y Muerte Digna. Sin embargo, al mismo tiempo hay discusiones que siguen postergadas -complejas, delicadas y controversiales, es cierto, pero también necesarias y fundamentales-, como la despenalización del aborto, tan demonizada por dogmatismos religiosos. Y, en la misma línea, también la despenalización del consumo de estupefacientes. Es decir, que un adicto no sea tratado como un mero delincuente; ni más, ni menos. El tema, por lo pronto, está en la agenda del Congreso de la Nación y todo invita a pensar que será solo cuestión de tiempo para que cambie el paradigma.
En la actualidad, una persona puede ser arrestada y pasar hasta dos años de prisión por el solo hecho de llevar consigo un gramo de marihuana, medio de cocaína u otra dosis mínima de cualquier sustancia prohibida, según el artículo 14 de la Ley de Estupefacientes (Nº 23.737), sancionada en 1989. ¿Es lógico eso? Simultáneamente, uno puede adquirir y consumir cantidades ilimitadas de alcohol o de tabaco -que no altera el sistema nervioso central, pero fecunda el cáncer- porque a eso no hay ley que se le oponga.
Así, adictos o usuarios circunstanciales de droga son abordados por el sistema penal como si fueran delincuentes, con todos los traumas y estigmas que ello acarrea, en vez de que las instituciones dediquen ese tiempo y energías a causas realmente importantes. Por ejemplo, combatir, en serio, el narcotráfico.
Pero este esquema ideológico y su correspondiente estructura jurídica en relación a las drogas no es un problema exclusivo de los argentinos. En la mayor parte del mundo hay normativas similares. Así como también hay países que ya avanzaron bastante sobre este tipo de tabúes.
Aplicada en la década del ‘70, la política de tolerancia de Holanda en relación a la marihuana permitió reducir el consumo por debajo de la media europea. Por estos días el debate también se instaló del otro lado del charco: Uruguay, donde varios funcionarios de alto rango aceptaron haber consumido cannabis, está evaluando que registrar a los usuarios/consumidores, limitar la droga a consumir mensualmente y producir la droga monopólicamente bajo ciertos estándares de calidad.
Mientras tanto, en Argentina se sostiene un régimen con el que no concuerdan un vasto espectro del arco político nacional ni los ministros de la Corte Suprema, quienes han sentado jurisprudencia al declarar inconstitucional la persecución de una persona por el consumo de estupefacientes.
Media docena de propuestas
Aunque con algunas diferencias, existen en el Congreso seis iniciativas para despenalizar la tenencia de drogas para consumo personal. El primer paso lo dio Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro); después, también aportaron sus propuestas Victoria Donda (Libres del Sur), Margarita Stolbizer (GEN), Ricardo Gil Lavedra (UCR) y Adriana Puiggrós (FPV). El último en presentar un proyecto fue el senador Aníbal Fernández (FPV), ex ministro de Interior y Justicia de la Nación.
Si bien el tratamiento en comisiones de este tema se había iniciado en los primeros días de junio pero el dictamen quedó en suspenso y sin fecha, una de las alternativas era que todos los proyectos sean unificados, a fin de lograr el más amplio consenso posible.
En todos los casos se habla de no estipular como delito a la posesión de droga en cantidades que sean consideradas para uso individual. Con el mismo criterio, el proyecto de Fernández plantea que tampoco sea punible el autocultivo, una causa que también lleva tras los barrotes a mucha gente, sin ningún sentido.
Pero, urge aclarar, no se trata de dar rienda suelta a cualquier tipo de conducta ni de legalizar abiertamente el consumo. Muy por el contrario, el mismo texto prevé sanciones para quienes se suministren drogas en la vía pública o hagan apología de su uso. Además, impone para el traficante la misma pena que para el homicidio simple (8 a 25 años de prisión).
Puntos grises
Varios son los resquicios que no quedan del todo claros y dan razones para la polémica. Por ejemplo, qué cantidades serán consideradas para uso personal o con fines de comercialización. Indudablemente, este punto da pie a una discrecionalidad casi inevitable. Porque hay gente que ingiere más droga que otra y no por tener en su poder una cantidad que pueda juzgarse excesiva debe transformársela de consumidora en traficante.
Otro tanto ocurre con la universalización del consumo, ya que ninguna de las propuestas despenalizadoras clasifica entre drogas livianas y pesadas. Esto también genera controversias, porque es sabido que cada estupefaciente produce diversos efectos y daños. No es lo mismo fumar un cigarrillo de marihuana que consumir un gramo de cocaína o inyectarse una dosis de heroína, la droga más dañina que existe sobre la faz del planeta según todos los estudios científicos que se han hecho en este campo. Esos trabajos también coinciden en ubicar al alcohol y al tabaco por encima del cannabis en cuanto al nivel de riesgo para la salud humana.
Un tercer aspecto en discusión es qué pasará con los adictos si ya no habrá jueces que les impongan tratamientos de rehabilitación. Ese es uno de los motivos por los que quedó varado el debate en las comisiones de la Cámara Alta: la posibilidad de anexar a la despenalización un régimen sanitario para los adictos que requieran asistencia.
Opiniones en las bancas
Si despenalizar o no fuera una decisión de cada municipio, ¿qué pasaría en Escobar? DIA 32 intentó buscarle una respuesta a ese interrogante consultando la opinión de los veinte concejales. La mayoría se mostró escasamente informada sobre el asunto, así como también fueron varios los ediles que fijaron una posición en general sobre el debate pero con reservas en aspectos particulares. Fundamentalmente, que se imponga un tope bajo a la tenencia permitida y se diferencie entre distintos tipos de drogas.
Uno de los concejales que se expresó de esa manera fue el vecinalista Leandro Costa: “Estoy en contra de la despenalización de las drogas en general y de cualquier sustancia adictiva. Si se probara que la marihuana no lo es, o no lo es tanto, y que es menos nociva, podría estar de acuerdo en ese caso”, afirmó.
Algo similar contestó el oficialista Damián Macías: “Creo que todo lo que está prohibido en la sociedad hace que el consumo sea más fuerte. Pero no estoy de acuerdo con que se despenalice el consumo de cualquier droga. En lo que es la marihuana, sí, estoy a favor”.
También en contra de la legalización absoluta se manifestó Luis Balbi, del bloque 17 de Octubre. “Considero que la sociedad argentina no está preparada para despenalizar el consumo de cualquier tipo de droga, independientemente de que el tabaco produce más muertes que la droga pero lo encontramos en cualquier kiosco. La diferencia es que el uso de drogas, en muchos casos, trae aparejado conductas que resultan ser nocivas para la sociedad. Por eso no creo que sea bueno despenalizar”.
Una de las voces que se expresó a favor fue la de Claudia Dortona. “Como todas las cosas, despenalizar tiene su lado bueno y su lado malo. Pero en líneas generales creo que es algo positivo, porque legalizar el consumo le quitaría un buen negocio al narcotráfico y porque, por sobre todo, prima la libertad individual”, destacó la concejal del oficialismo.
El resultado de la votación fue 10 a 9 en contra, con 1 abstención. A favor se expresaron Luis Carranza, Claudia Dortona, Cristian Romano, Edgardo Ceriani, Mirta Godaly, Damián Macías, Néstor Bodes, José María Rognone y Oscar Fontán. En contra: Elio Miranda, Juan Carlos Parlatto, Daniel Tossio, Susana Valenzuela, Mónica Díaz, Cristina Casas, Leandro Costa, Miriam Pierotti, Jesús Angioi y Luis Balbi. Solo María Rosa Pereyra se abstuvo de votar.
Conclusión
La intención de despenalizar la tenencia de drogas se inscribe en el mismo contexto que otras iniciativas recientemente aprobadas por el Congreso de la Nación, como las leyes de Matrimonio Igualitario, Muerte Digna e Identidad de Género. Todas ellas tienen un mismo fin: ensanchar los derechos individuales de los ciudadanos argentinos. Vale decir, darles más libertad, en tanto sus actos no constituyan un peligro para terceros.
No suele ser fácil, sin embargo, avanzar sobre esos cambios, aunque la experiencia reciente ratifica que todo es cuestión de voluntad y, en el caso de las drogas, existe un amplísimo consenso parlamentario que permite avizorar una decisión histórica.
Mientras siga vigente este modelo de encarcelar y procesar a los consumidores, ya se sabe quiénes ganan y quiénes pierden. Cambiando las reglas, quizás los resultados sean más acordes.
