El juez federal de Zárate-Campana, Adrián González Charvay, sobreseyó al intendente Ariel Sujarchuk en una causa por presunta malversación de fondos del programa de cooperativas “Argentina Trabaja”, que se había iniciado a días de las elecciones generales de 2015 a partir de una denuncia del senador provincial Roberto Costa.
A lo largo de la investigación, González Charvay citó a prestar declaración testimonial a casi 90 personas, entre beneficiarios, asistentes técnicos, serenos y proveedores del programa, coordinadores de cooperativas, funcionarios y empleados del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
También dispuso numerosos allanamientos y pericias contables y legales de la Policía Federal, a la vez que solicitó informes de auditorías a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad de La Matanza. La primera participaba del programa como ente ejecutor, mientras que la UTN controlaba la realización de las tareas y la tercera tenía la misión de monitorear el presentismo de los cooperativistas y brindarles asistencia técnica.
En su presentación ante la Justicia, a días que su hijo, Leandro Costa, compitiera por la Intendencia contra Sujarchuk, el senador provincial de Cambiemos denunció que el entonces subsecretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social desviaba fondos destinados al programa de cooperativas “Argentina Trabaja” en el partido de Escobar para financiar su campaña electoral.
De acuerdo al entramado descripto por Costa, la supuesta malversación de caudales públicos se configuraría a través de un perverso mecanismo que consistía en retenerles o exigirles una parte o la totalidad de sus haberes a los beneficiarios del programa. Sin embargo, ninguno de los más de sesenta que declararon ante el juzgado reconoció que eso fuera cierto. Es más, el juez determinó que el ministerio les pagaba directamente a todos los cooperativistas a través de una cuenta individual en el Banco Nación.
González Charvay también desestimó que los asistentes técnicos contratados por el ente ejecutor presentaran liquidaciones con sobreprecios y/o que los proveedores pasaran facturas truchas por mercadería que no vendían, tal como denunció Costa. Los informes de auditoría no encontraron fisuras en este punto. Incluso, dieron cuenta de que todos los pagos se ajustaban a los valores pautados en el programa y los convenios.
Del mismo modo, consideró probado que los fondos no fueron malversados sino que, efectivamente, se destinaron a concretar los proyectos planificados por las cooperativas, lo cual se corroboró con inspecciones “in situ” de la División Jurídico Contable de la Policía Federal.
Otro dato destacado del dictamen es que se determinó que no existieron transferencias del ministerio a las cooperativas, lo cual abonaba la sospecha de que ese dinero pudiera ser interceptado para los ilícitos fines denunciados, ya que los recursos del programa eran íntegramente administrados por la Facultad de Económicas de la UBA.
De esta manera, el fallo también echó por tierra la sindicación que pesaba sobre el coordinador del ente administrador, el contador Estanislao Hernández, a quien la denuncia acusaba de “hacerles firmar cheques a los presidentes de las cooperativas para luego ‘cambiarlos’ en la Sociedad Cosmopolita de Escobar”, cuya sede fue allanada en diciembre de 2015.
“No obstante las profusas diligencias cumplidas por el tribunal, no se ha podido corroborar ninguno de los extremos de la denuncia inicial: desvío de dinero de los cooperativistas, no realización de las obras y sobrefacturación de las mismas”, concluyó el fallo de González Charvay.
La resolución judicial alivió y alegró a Sujarchuk, que difundió la noticia publicada por El Día de Escobar a través de su página de Facebook, en la que tiene más de 100 mil seguidores.
