Por DAMIAN FERNANDEZ
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Cuando los empleados de la ex Editorial Atlántida llegaron el lunes 11 para iniciar el turno de las 6, se encontraron con las puertas de la planta cerradas y un comunicado oficial que decía: “Lamentamos profundamente tener que informar que, afrontados a una crisis insuperable y habiendo considerado todas las alternativas viables, estamos cerrando nuestras operaciones en Argentina y solicitando la quiebra de la empresa, luego de 22 años de actividad en el país”. Así y sin más, explotaba un conflicto que todavía perdura y cuyas esquirlas llegaron a la mismísima Casa Rosada.
La notificación encendió la bronca de los trabajadores, que tras una rápida asamblea decidieron hacer un piquete frente a la imprenta, ubicado sobre la Colectora Oeste a la altura del kilómetro 36,700 del ramal Campana de la autopista Panamericana.
“La Comisión Interna y los trabajadores de Donnelley denunciamos que esta gráfica norteamericana está llevando adelante un cierre absolutamente ilegal, dejando a más de 400 familias en la calle”, expresaba a la prensa el delegado Jorge Medina.
La cantidad de medios nacionales que cubrieron el conflicto hizo que la noticia corra como reguero de pólvora y el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires convocó una audiencia obligatoria con la imprenta para esa misma tarde, con el fin de llegar a un acuerdo y evitar el cese de actividades. Pero, la empresa no concurrió a la conciliación. Entonces, sus más de 400 empleados -contando tercerizados- decidieron ocupar “de una forma totalmente legal” la fábrica y ponerla a producir.
“Estamos hablando con los clientes, llevándoles tranquilidad y brindándoles nuestro compromiso de que los productos van a seguir saliendo en tiempo y forma. Ellos necesitan sacar las revistas a la calle y nosotros trabajar para darles de comer a nuestras familias”, sostenía Medina en declaraciones a El Día de Escobar.
En el gigantesco taller gráfico de Garín suelen imprimirse importantes revistas de la editorial Atlántida como Para Ti, Paparazzi, Billiken y Gente, además de catálogos de empresas como Musimundo y Megatone.
El conflicto tomó otro cariz a partir de la toma y ya sin el piquete. Pero sigue abierto y sin buenas perspectivas: mientras el Juzgado Comercial Nº19 no revoque el pedido de quiebra que aprobó inicialmente, los productos no pueden venderse ni los cientos de trabajadores de RR Donnelley Argentina S.A. cobrarán su salario.
De “buitres” y otras aves
El jueves 14, luego de anunciar un nuevo plan de viviendas en Casa Rosada, la presidenta de la Nación realizó una encendida alocución sobre el caso en la que aseguró que Donnelley iba a ser denunciada penal y comercialmente “por alteración al orden económico y financiero”. Además, vinculó el cierre de la imprenta con una acción “casi mafiosa” de los “fondos buitre”.
“Yo vi que una empresa de (Paul) Singer -titular del fondo NML Capital, principal demandante contra la Argentina por el pago de deuda- tenía el 7% de esta empresa y en diciembre de 2013 la transfirió a otro fondo, BlackRock, que curiosamente se presentó como Amicus Curiae (amigo de la Corte) de Argentina ante Griesa”, explicó Cristina Fernández de Kirchner.
La jefa de Estado reveló que “el 70% de Donnelley está integrado por fondos de inversión y uno de ellos es BlackRock. Como verán, todo hace juego con todo”.
Aportando más elementos a la hipótesis de la quiebra fraudulenta, una investigación de la AFIP determinó que “la situación patrimonial de la empresa era buena y no tenía deudas”.
“Estamos ante un caso fraudulento para intentar atemorizar a la población”, sentenció la presidenta, quien puso el foco sobre la peculiarmente expeditiva actuación del juez Gerardo Santicchia. “El pedido de quiebra fue el 8 de agosto y el auto de quiebra salió el lunes 11. Fue una quiebra exprés”, afirmó.
Por su parte, el martes 26 los trabajadores de la imprenta se manifestaron frente al juzgado de Santicchia, en avenida Callao, para exigir que el magistrado “deje sin efecto la quiebra fraudulenta de la firma y poder cobrar los salarios”. A la vez, decidieron mantener la toma de la planta “para defender los puestos de trabajo, que es lo único que nos importa”, confiesan, tan angustiados como expectantes las víctimas de una rapaz disputa político-económica de la que son convidados de piedra.
