Suele decirse y repetirse que existe un solo planeta Tierra y que hay que cuidarlo. El avance del hombre a lo largo del tiempo ha provocado daños irreparables en los ecosistemas y problemas que hoy quizás no son visibles, pero que podrían signar la suerte de las generaciones futuras. No hace falta mirar por televisión los devastadores incendios que arrasaron hasta hace unos días a la provincia de Corrientes para advertir este drama; alcanza con asomarse por la ventana.
A nivel local, esa alarma se encendió hace rato con la proliferación de countries encima de los humedales, un área natural de fundamental importancia. Las ordenanzas que los protegen e impiden su destrucción llegaron tarde y varios megaemprendimientos como Puertos y San Matías -2016 y 2018-, por nombrar los más conocidos, ya están desarrollándose plenamente sobre esas superficies, con autorizaciones previas a dichas normas. La propuesta de vivir en un lugar apacible, cerca del río y con una salida próxima a la autopista Panamericana es un negocio muy rentable.
Naudir Delta es uno de las nuevas urbanizaciones privadas que está proliferando a la vera de la ruta provincial 25, entre la barranca de El Cazador y el río Luján y a metros de la reserva natural conocida como La Cañada, compuesta por 50 hectáreas y creada por la Ordenanza 4812/10 de Ordenamiento Territorial, que no se caracteriza precisamente por su progresividad ambiental.
El proyecto está a cargo de la empresa E2, impulsora de otros desarrollos inmobiliarios sobre los bañados escobarenses como El Naudir Aguas Privadas y El Cazal. Su fundador y CEO es Adrián Saraco.
En su sitio web, la firma de real estate se vanagloria de su habilitad para “convertir metros cuadrados en oportunidades de negocios”. Y define a Naudir Delta como “un ámbito ideal y equilibrado para vivir lejos de la ciudad y en un entorno donde poder hallar los servicios de salud, educación y centros comerciales. Está pensado para los que eligen una mejor calidad de vida, para los que la exclusividad tanto como la privacidad son valores que se reconocen a simple vista”.
Un lote con amarras en este barrio náutico vale 100 mil dólares, pero podría ser mucho más costoso para el medioambiente si se tiene en cuenta el daño que provocaría su sola existencia. Organizaciones ambientalistas aseguran que Naudir Delta presentó una declaración de impacto ambiental falsificada para iniciar los movimientos de suelo, afectando más de 180 hectáreas de humedales.
Afirman que la ejecución de la obra implica no solo la remoción total de los suelos existentes sino también de la vegetación y la fauna característica de ese tipo de ambiente. “Se está destruyendo completamente el ecosistema de humedales, lo que se conoce con el término de ecocidio”, alerta la Organización de Ambientalistas Autoconvocados.
Valor sin precio
Los ambientalistas señalan que no se trata de “un problema abstracto ni limitado a quienes demuestren una sensibilidad ecológica: los humedales, que se encuentran entre los ecosistemas más productivos del planeta, brindan un conjunto de al menos 37 servicios ecosistémicos de acuerdo a las publicaciones de la Convención Ramsar de las Naciones Unidas, a la cual adhiere la Argentina. Por ende, nuestro país está obligado a cuidarlos”.
Este tipo de suelos tienen fundamental importancia en cuestiones como la regulación de inundaciones, la depuración de agua contaminada, el aprovisionamiento de agua potable y la regulación climática, entre otros aspectos. “Todos ellos son de fundamental importancia en un contexto de crisis ecológica global y local y efectos del cambio climático que requerirán mayor resiliencia ecológica de las ciudades y periurbanos”, advierten.
El valor de los humedales excede lo monetario. No obstante, el economista estadounidense Robert Costanza estima el precio de cada hectárea en 20.000 dólares por año. De acuerdo a ese cálculo, el desarrollo de El Naudir Delta implicaría pérdidas de 3,6 millones de dólares anuales.
“Los cauces de los ríos y humedales poseen un régimen legal de protección ambiental que se aplica indistintamente a las parcelas públicas y privadas. El hecho de poseer un título de propiedad sobre una parcela no da derecho a producir un daño ecológico sobre la misma, tal como establece taxativamente el artículo 240 del Código Civil”, remarcan los ambientalistas.
Ilegalidad flagrante
La vía administrativa para habilitar Naudir Delta estaría colmada de irregularidades. Según los ambientalistas, se omitieron por completo las instancias de publicidad, información y participación ciudadana que la normativa ambiental exige para autorizar estos proyectos. No hubo audiencia pública ni declaración de impacto ambiental. Al respecto, aseguran que “la falta de cumplimiento de esta obligación legal vicia de nulidad a las autorizaciones otorgadas por el Estado, tal como ha sido reconocido ampliamente en numerosos fallos judiciales incorporados a la jurisprudencia”.
También plantean que “la falta de participación ciudadana ya sería razón suficiente para clausurar las obras por su ilegalidad”. Sin embargo, el caso de Naudir Delta es aún más complejo.
Las organizaciones ambientalistas están convencidas de que la empresa E2 falsificó documentación pública para conseguir los permisos municipales de obra. Lo habría hecho incorporando de manera apócrifa una parcela -la 179ah-, de unas 180 hectáreas, donde se está desarrollando el emprendimiento, en la autorización emitida por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS).
La sospecha del delito se funda en que los ambientalistas tienen una copia fiel de la misma resolución provincial en la que no figura esa parcela. De hecho, también hay otras líneas de ese documento que no concuerdan y que también habrían sido modificadas para ampliar la superficie habilitada.
Ante este cúmulo de inconsistencias y presuntas graves irregularidades, las organizaciones protectoras del medioambiente acudieron a la justicia por dos carriles separados. Del Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Zárate-Campana, a cargo de la jueza Mónica Ayerbe, consiguieron un fallo favorable que intimó al Municipio de Escobar a dar vistas del expediente por el cual fue habilitado el polémico desarrollo inmobiliario. Dicen que, hasta entonces, se los estaban ocultando.
Por otro andarivel, acudieron al Juzgado Civil de Zárate-Campana con un pedido de medida cautelar para que se clausure la obra de Naudir Delta y evitar la profundización del daño ambiental. La demanda cayó en la Sala 2, a cargo de Mariano Otero. Lejos de darle el tratamiento urgente que requieren estas presentaciones, el juez lleva seis meses sin expedirse. Mientras tanto, Naudir Delta avanza sin pausa.
“Este tipo de hechos demuestran que no se puede dejar en manos de los funcionarios e instituciones del Estado la potestad exclusiva de la política y el control ambiental del territorio, al mismo tiempo que el otorgamiento de una autorización estatal es condición necesaria pero no suficiente para otorgar legalidad, y mucho menos legitimidad, a un proyecto susceptible de producir impactos ambientales”, concluye el documento de la organización civil.