Vecinos, concejales, ambientalistas, intendentes, empresas, jueces y hasta la gobernadora María Eugenia Vidal ya habían fijado posición en el conflicto por la instalación de las dos centrales termoeléctricas en el límite de las localidades de Villa Rosa y Matheu. Pero faltaba la aparición del jugador más determinante de todos, el que con una sola movida de piezas puede llegar a cambiar el curso de la partida. Y lo hizo ahora: mientras todos aprovechaban la feria judicial para descansar en la playa, el gobierno nacional rompió el silenzio stampa y se mostró rotundamente a favor de las centrales energéticas que licitó en 2016.
El año que pasó terminó con malas noticias para las compañías APR Energy S.R.L. y Araucaria Energy S.A., cuyas obras fueron paralizadas por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, en noviembre y diciembre respectivamente. Además, en el último día hábil de 2017 el magistrado ordenó allanar el Palacio Municipal y el Concejo Deliberante de Pilar. El motivo: investigar a todos los funcionarios y concejales involucrados en la aprobación de la rezonificación que permitió instalar las termoeléctricas.
González Charvay, asimismo, rechazó el recurso de reposición presentado por la compañía estadounidense -Araucaria se negó a notificarse de la cautelar-, que rápidamente acudió a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín. Pero allí también le bajaron el copete, al menos por ahora, y fallaron en contra de levantar la feria judicial -termina el 31 de enero- para tratar la medida cautelar que frena la operación de la usina.
Ante estos reveses judiciales y la presión social ejercida por los ambientalistas y vecinos autoconvocados, que siguen exigiendo la relocalización de estas industrias categoría “3” -las más peligrosas, según la ley 11.459- en base a los daños que provocaría su funcionamiento en esa zona residencial, el gobierno nacional decidió aparecer en escena y patear el tablero para marcar territorio.
“El Estado tiene interés en que se mejore el servicio y miramos con preocupación que estos casos no lleguen a buen puerto”, expresó el secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga, en diálogo con El Cronista. También deslizó que puede haber “razones políticas” detrás de esta polémica y advirtió que si las plantas no empiezan a funcionar “estos nodos seguirían con riesgos de falla”, es decir, que los cortes de luz no se terminarán, el principal argumento que suelen esgrimir los defensores de las termoeléctricas.
La segunda jugada fue más allá de lo verbal y llegó tan solo una semana después, cuando el Ministerio de Energía declaró como “Proyecto Crítico” a tres centrales de la firma Araucaria Energy, entre ellas la que se está construyendo en Villa Rosa. Y eso no fue todo: con un sugestivo timing, la cartera que dirige Juan José Aranguren emitió una resolución que le otorga beneficios impositivos a la subsidiaria de la compañía canadiense StoneWay, incluso a sabiendas de la medida cautelar dictada en su contra.
“La resolución no tiene impacto legal, pero es contradictoria porque hace unos días -el 31 de diciembre- culminó la emergencia eléctrica. Puede ser que así el gobierno le quiera meter presión a los jueces”, alertó uno de los referentes vecinales, Raúl Regis.
Por su parte, los militantes sociales que desde hace más de dos meses acampan en el ingreso al predio de ruta 25 y la calle Alborada realizaron el miércoles 24 una llamativa “intervención artística” frente al Palacio Municipal de Escobar, como forma de seguir concientizando sobre el tema.
Ahora será cuestión de esperar la vuelta de la actividad judicial para confirmar o refutar teorías -en rigor, sospechas- y, sobre todo, conocer el desenlace de una polémica partida que pareciera estar llegando a su fin.
