Entre tantas pálidas que trajo este 2020 atravesado por el coronavirus, los vecinos de Belén de Escobar y localidades aledañas recibieron una noticia aliviadora: después de haber analizado un informe pericial realizado por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), el Juzgado Federal de Zárate-Campana ordenó el viernes 16 clausurar el puerto regasificador ubicado a orillas del río Paraná de las Palmas. Una victoria para los ambientalistas, después una década de lucha.
El inesperado fallo del juez Adrián González Charvay surgió a partir de una denuncia presentada en 2011 por integrantes de asociaciones ambientalistas, quienes objetaron con firmeza “el peligro, el severo daño ambiental y la ilegalidad de la localización de la terminal”, sita a la altura del kilómetro 75 del río.
Recientemente llegó a manos del magistrado un estudio que había requerido la Cámara de Apelaciones de San Martín en 2014. Sobre esa pericia basó la decisión de llevar a cabo el cierre total del puerto regasificador, un procedimiento que le encomendó a la Prefectura Naval.
“Se trasluce que, a través de todos los parámetros abordados, las instalaciones objeto de investigación no deberían encontrarse emplazadas en dicho sitio, por el potencial riesgo que implican para la sociedad”, concluyó González Charvay en su resolución, de 18 páginas.
Un equipo de la Facultad de Ingeniería de la UNLZ, a cargo del ingeniero Fernando Massaro, se encargó de los estudios técnicos para analizar los riesgos provenientes de las operaciones de la terminal de la empresa Excelerate Energy.
La pericia arrojó resultados, como mínimo, alarmantes al asegurar que existen “altos niveles de riesgos con consecuencias catastróficas por incendios y explosiones, de elevado poder destructivo, tanto en la terminal y su entorno como en la ruta de navegación, que provocarían un elevado número de víctimas fatales” por los efectos de la onda expansiva, los proyectiles despedidos por el aire y los efectos de la radiación térmica, entre otros fenómenos.
Los especialistas definieron que el entorno circundante al puerto es “muy vulnerable” ante un posible accidente. La explosión de una nube de vapor o la expansión explosiva del vapor de un líquido en ebullición (VCE y BLEVE, por sus siglas en inglés) podrían ser un hecho razonable con consecuencias catastróficas. “Una explosión de GNL es capaz de reducir a escombros varios miles de metros cuadrados de superficie alrededor de su epicentro”, sostiene el estudio.
Desde el anuncio de su llegada y su posterior desembarco en aguas escobarenses, el puerto regasificador estuvo cargado de sospechas y rechazo por parte de la comunidad, especialmente de quienes viven en los alrededores. En primer lugar, el proyecto fue aprobado entre gallos y medianoche por el Concejo Deliberante, que le dio su voto unánime en julio de 2010 sin organizar, aunque sea, una sola audiencia pública; en segundo lugar, su construcción iba a ser a cambio de grandes obras de infraestructura que jamás se concretaron.
Amenaza constante
Viviana Rebasa, que es integrante de la Asociación Ambientalista del Partido de Escobar y la querellante de la causa, sostiene que la amplitud del marco jurídico violado es “muy grosera”. “Expertos en la materia de más de treinta países resolvieron que ese tipo de operatoria tiene que ser de altamar. Esa normativa es de aplicación en Argentina, el país tiene la obligación de cumplir con ella”, afirma a DIA 32.
Además, plantea: “Si se incendia o sufre algún otro tipo de accidente, el buque tiene que poder salir a toda marcha para, en el caso de explotar, hacerlo lejos de la gente. Desde Escobar le llevaría un día llegar hasta la desembocadura del río de La Plata. ¿Dónde va a explotar si es que sale? ¿En Capital? ¿En San Isidro?”.
Hace poco más de un mes se registró un importante incendio en la ribera del Paraná, que encendió todas las alertas porque afectó a una zona muy próxima al puerto regasificador. Pero desde Excelerate Energy aseguraron que “por las características del procedimiento offshore, no existe riesgo de que eventos de esas características afecten las instalaciones o el buque”. Casualidad o no, pocas semanas después llegó el fallo judicial y la clausura.
Rebasa sostiene que la llegada del regasificador “nunca debería haber sucedido” y confía en que no haya marcha atrás: “Espero que la clausura se mantenga y el puerto no vuelva a operar, porque representa un riesgo no solo para Escobar sino para todas las localidades que colindan con el recorrido de los barcos. La carga que traen es el equivalente a 40 bombas de Hiroshima. Es una locura que se exponga a la ciudadanía a esto”.
En el mercado energético, en cambio, aseguran que la terminal de regasificación de Escobar “cumple con los más altos estándares a nivel mundial, que garantizan una operación segura para los vecinos del lugar, el medio ambiente y todos los empleados de la compañía”.
Mientras tanto, trascendió que las autoridades de Integración Energética Argentina (IEASA) y las de YPF, quienes operan la terminal de regasificación de GNL en Escobar, apelaron la resolución de González Charvay ante la Cámara de Apelaciones de San Martín, que deberá definir si mantiene firme el fallo o toma otra decisión.
Por eso, la lucha de los ambientalistas está lejos de terminar. Pero la clausura, por lo pronto, es una digna recompensa para una batalla que ya lleva más de una década.
