Por CIRO D. YACUZZI
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Inexorablemente, el puerto de regasificación ya es una nueva realidad escobarense. A pesar de la resistencia de ambientalistas y vecinos preocupados por el daño provocado a la naturaleza y los riesgos civiles ante un eventual desastre, la terminal construida en el kilómetro 75 del Paraná de las Palmas comenzó a operar a fines de mayo, tal como estaba previsto, aunque sin inauguración oficial.
El megaproyecto desarrollado conjuntamente por la petrolera YPF y la estatal energética Enarsa apunta a resolver el consumo de gas natural en los meses de alta demanda. Así, ante la falta de fluido suficiente en el país, el Ministerio de Planificación Federal impulsó esta inversión de 862 millones de pesos para traer gas natural licuado (GNL) desde naciones distantes a miles de kilómetros, como Qatar, Egipto, Argelia y Trinidad y Tobago. Con esas importaciones se asegurará que el país no tenga escasez en el invierno, tanto para uso productivo como hogareño.
Desarrollada en tiempo record –justo un año-, para la construcción del puerto se saltearon algunos requisitos fundamentales. Uno de ellos, el llamado a una audiencia pública para que la comunidad sepa exactamente de qué se trata. En ese sentido, la falta de transparencia del procedimiento resultó incontrastable y alimentó el temor en la población. El peligro potencial de un accidente en las operaciones del puerto es incierto, aunque los más alarmistas se animan a hablar de “una bomba de tiempo”.
Ante este panorama, ambientalistas y vecinos del distrito decidieron no bajar los brazos y encarar por la vía judicial para tratar de ponerle un freno a algo que, a esta altura, es un hecho consumado. En primer lugar, firmaron un recurso de amparo para que se detengan las obras antes de que llegue el buque regasificador. La presentación cayó en el Juzgado en lo Correccional Nº 1 de Zárate-Campana, donde el magistrado Javier Romañuk la desestimó de plano y ordenó archivarla. Al cierre de esta edición, los amparistas apelaron la medida y pidieron que sea otro juez el que se expida.
Paralelamente, también hicieron una presentación en el Juzgado Federal Departamental, al que solicitaron que investigue a organismos y funcionarios nacionales, provinciales y municipales, entre ellos el intendente Sandro Guzmán, por la posible comisión de diversos ilícitos tipificados penalmente. Uno de esos delitos sería poner en riesgo la vida de la población al permitir una actividad de alta peligrosidad ambiental en una zona habitada a escasos 400 metros.
Otro aspecto sobre el que llaman la atención los ambientalistas es que el apuro oficial por el contar con la infraestructura a tiempo, además de omisiones importantes en los procedimientos y falta de transparencia, derivó en una deficiente evaluación de los riesgos.
“Estamos en contra del puerto desde la forma en que se tomó la decisión de hacerlo: sin consulta popular, sin audiencia pública, que es lo que corresponde para un emprendimiento de esta envergadura. Por el peligro que significa y por el impacto ambiental que va a causar sobre los humedales y las personas que viven en la zona”, expresó la presidenta de la asociación ambientalista Los Talares, Korine Schultz.
Un buque inmenso
Exemplar es el nombre del imponente buque regasificador que el domingo 15 de mayo amarró en la cuestionada terminal portuaria. Sus medidas son impactantes: tiene 291 metros de eslora y 47 metros de manga. Es de bandera belga, su capitán es un francés y la tripulación es de nacionalidad filipina.
Su función es recibir la carga que llega en otras embarcaciones de menor calado. La operación se realiza de un barco a otro mediante mangueras. El gas líquido queda almacenado en el Exemplar, que después lo reconvierte a su estado natural y lo inyecta a la central distribuidora ubicada en Los Cardales, a través de un gasoducto de 30 kilómetros de extensión.
La primera carga del fluido llegó a Escobar el último fin de semana de mayo, proveniente de Qatar en el buque metanero Arctic Spirit. Se estima que en todo el año ingresarán por esta vía 30 millones de metros cúbicos, lo que representa el 6% del consumo total del país, que por sí produce 110 millones anuales.
“Una bomba de tiempo”
La hipótesis de catástrofe que plantean los ambientalistas sostiene que, con el puerto funcionando, la población no estará a salvo de un estrago. “El gas metano es una sustancia extremadamente peligrosa por su poder inflamable”, alertan. Y señalan que en México -en 1984- y Argelia -2004- hubo accidentes descomunales en plataformas de GNL similares a la de Escobar. Las víctimas fatales de esos hechos se contaron por centenas y los daños alcanzaron un radio de varios kilómetros.
Si bien la analogía más cercana sería, en todo caso, con el buque regasificador Excelsior que se encuentra en el polo petroquímico de Ingeniero White, en Bahía Blanca, donde no se registraron antecedentes de ese tipo, la poca distancia del flamante puerto con los lugareños pareciera, como mínimo, una imprudencia.
Una de las situaciones más peligrosas que podría darse en el puerto es que una manguera de descarga se rompa y vuelque sobre el río el gas metano líquido. “Si el gas licuado se pone en contacto con el agua, hierve y se evapora. Esta columna de vapor puede encenderse de manera espontánea, porque no necesita casi nada para que suceda, y se forma lo que se llama un fuego de pileta, similar a arrojar nafta sobre agua y encenderla. Su intensidad se debe a que el gas se encuentra 600 veces concentrado en el estado líquido, que cocina todo en kilómetros a la redonda y se vuelve prácticamente imposible de apagar. Es peor que un incendio de petróleo o gasolina”, advierte la Asociación Ambientalista de Escobar en su página web.
Reclamos y conciencia ciudadana
El rol de las organizaciones y vecinos en defensa del medio ambiente no se agotó en presentaciones judiciales. Entre otras actividades, iniciaron campañas de difusión y concientización, juntaron firmas de adhesión al reclamo en la plaza principal de Escobar y realizaron una simbólica protesta en kayaks frente al puerto de GNL. Sin embargo, no lograron que la comunidad convierta su preocupación en acción.
“Pese a que el informe de Telenoche Investiga ayudó a instalar el tema, la participación ciudadana, lamentablemente, sigue siendo muy baja. Y eso no permite que se tuerza el destino”, sostuvo Héctor Magnani, de la Asociación Ambientalista del Partido de Escobar (AAPE). En ese sentido, el veterinario marcó que “la población tendrá que decidir si apoya con el silencio o se moviliza”.
Korine Schultz coincidió en que el nivel de concientización de la sociedad escobarense sobre el puerto “es poco”, aunque se mostró esperanzada. “Si la gente se informa y entiende el peligro, creo que es posible que esto se pare”, expresó.
El mismo juez
El juez Romañuk no ha resultado un camino precisamente abierto para las causas ambientales de Escobar. Hace cuatro años tuvo en sus manos un recurso de amparo por el basural isleño, pero se declaró incompetente dos veces ante el pedido de que disponga su cierre. Ahora, con el puerto, la historia se repite, o al menos es bastante parecida.
Contraprestación
De la mano de la aprobación al emplazamiento del cuestionado puerto de GNL, Escobar recibió del Ministerio de Planificación Federal el anuncio de dos grandes obras: la repavimentación de la ruta provincial 25, desde el centro de Escobar hasta el Paraná de las Palmas -en la actualidad, única vía de acceso terrestre al puerto-, y la construcción de un camino de circunvalación que conectará al puerto con la autopista Panamericana, a la altura del futuro parque industrial de Loma Verde. Solo por la 25, la inversión del Estado nacional orillará los 110 millones de pesos. Sin embargo, ninguna suma será suficiente si el peor pronóstico de los ambientalistas llega a hacerse realidad.
