Por CIRO D. YACUZZI
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Camuflado bajo toneladas de tierra y una alfombra verde de césped, el relleno sanitario de Transportes Olivos –más conocido como basural isleño- se encuentra a la espera de un inminente dictamen que definiría su destino, incierto desde que fue clausurado, en junio de 2008, por la presunta contaminación que su actividad causa al medio ambiente.
“Estamos a la espera de una última documentación que le hemos solicitado a la empresa. Apenas la tengamos, en 30 días creo que estaríamos en condiciones de finalizar el informe y dictaminar si el relleno puede seguir funcionando o no”, afirmó a DIA 32 el director provincial de Evaluación de Impacto Ambiental, ingeniero Federico Jarsún.
El funcionario del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) también explicó las actuaciones llevadas a cabo en estos largos 28 meses posteriores a la clausura preventiva del basural. “A la empresa le pedimos una serie de estudios, para descartar cualquier posibilidad de contaminación, y de a poco fue cumpliendo. Pero con cada respuesta surgían nuevos interrogantes y pedidos de información ampliatoria”, expresó Jarsún para justificar tanto retraso. Y agregó: “Todavía no se terminó la evaluación, por lo tanto no nos podemos expedir en un sentido o en otro”.
Vía expropiación
A principios de octubre, el senador radical Roberto Costa (UCR) presentó en la Cámara Alta bonaerense un proyecto de ley para que el Estado provincial pueda expropiar las diez hectáreas ocupadas por el relleno sanitario, “a fin de realizar su remediación y minimizar los efectos nocivos de la contaminación que seguiría produciendo”.
El legislador escobarense aseveró que “en casos como este, donde se exceden los marcos de referencia normales, la intervención del Estado debe ser urgente y efectiva. La empresa que estuvo operando este predio no se está ocupando de su saneamiento, sólo realizó tareas para cubrirlo de tierra”. En ese orden, concluyó que “la expropiación sería la única vía posible para asegurar su recuperación”.
Pero resultaría inviable la idea de que la Provincia obligue a Transportes Olivos a venderle sus tierras cuando el argumento de la contaminación aún no se ha comprobado fehacientemente por ese mismo nivel del Estado. En efecto, el ingeniero Jarsún, que no estaba al tanto de esta iniciativa, dijo que sería imposible avanzar hoy en esa dirección.
Quieren reabrirlo
Por su parte, Transportes Olivos confía en torcerle el brazo al OPDS y poner nuevamente en marcha a la planta. En la empresa, que le inició una demanda judicial, entienden que el organismo de control está obligado a expedirse cuanto antes y sostienen que “el relleno tiene que abrirse”. Durante este tiempo, además, siguieron manteniendo reuniones con el intendente Sandro Guzmán en busca de acelerar la definición.
Aunque de carácter interno, una novedad que también hace al caso es la desvinculación del licenciado Fabio Chiarbonello de la gerencia de Transportes Olivos, tras más de diez años de servicio. “Me voy con la misma convicción que siempre manifesté: el relleno sanitario no ha causado impactos negativos en el entorno”, expresó a esta revista antes de dejar su oficina en Villa Martelli.
Cambio de perfil
Hacia fines de los ‘90, cuando expandió su superficie para recibir residuos urbanos de otras jurisdicciones, el de Transportes Olivos era el único emprendimiento que alteraba el paisaje y la calidad ambiental de la zona de humedales. Pero con los años empezaron a llegar, desde todos los costados, nuevos y poderosos vecinos. Entonces, los fétidos efluvios de los desechos y la fluida circulación de camiones cargados de basura sería ya un problema de mayor dimensión.
Difícil imaginar que la futura ciudad pueblo de Costantini, distante apenas unos kilómetros del basural, estuviera dispuesta a convivir con este contexto. Aún así, Transportes Olivos tiene a su nombre 190 hectáreas y tampoco será fácil desalojarla del barrio.
