Hay una frase que ganó adeptos con el paso del tiempo y el auge de las redes sociales, que sostiene que “la única lucha que se pierde es la que abandona”. Esa máxima bien refleja el trabajo mancomunado de ambientalistas y vecinos de Escobar y Pilar para erradicar las dos termoeléctricas que en 2017 se instalaron en el límite entre ambos partidos, cuyos frutos recién ahora empiezan a verse.
A más de un año del fallo judicial que ratificó la suspensión del funcionamiento de las dos usinas energéticas, la empresa multinacional APR Energy empezó a desmantelar y retirar sus instalaciones. La novedad provocó euforia en la comunidad, que desde el primer momento rechazó su llegada por múltiples y lógicas razones.
Las termoeléctricas de APR y Araucaria Energy, técnicamente designadas Matheu II y III, tienen la capacidad de generar entre ambas una potencia de 500 MW y están catalogadas como industrias categoría 3, peligrosas desde el punto de vista ambiental e incompatibles con una zona residencial por el ruido que genera su funcionamiento, entre otros factores.
Son dos de las 20 centrales térmicas que el Ministerio de Energía de la Nación licitó y adjudicó en distintas ciudades del país durante la gestión del presidente Mauricio Macri, con la intención de sumar 2800 MW de generación eléctrica a todo el sistema interconectado.
Desde la segunda semana de julio empezaron a verse grúas y camiones que entran y salen del predio ubicado al costado de la ruta provincial 25, a la altura de la calle Alborada, llevándose los contenedores y las turbinas de la planta generadora de electricidad.
“Si bien no hubo una comunicación oficial por parte de la empresa respecto al retiro de sus equipos del predio ubicado en Villa Rosa, entendemos que la decisión fue tomada en relación a la medida cautelar que imposibilitaba su funcionamiento”, expresaron desde el Municipio ante la consulta de DIA 32.
Además, consideraron que “desmantelar las termoeléctricas es, sin dudas, la culminación de un largo camino iniciado por diferentes asociaciones ambientalistas que, en el caso de Escobar, fueron respaldadas por el Municipio”.
Una de las organizaciones que cuestionó con firmeza y desde el primer momento la instalación de las termoeléctricas es la ONG Vecinos Unidos por Pilar. “Sentimos que dimos una pelea de David contra Goliat. Nada de lo que se hizo fue legal y, por suerte, luchando y yendo a la Justicia, obtuvimos estos logros”, afirmó su presidente, Raúl Regis, en declaraciones a FM Estudio 2 de Pilar.
No obstante, advirtió que falta bastante para cantar victoria. Por ejemplo, los predios deberían ser rezonificados y hay que evaluar en qué estado se encuentran: “Lo ideal es que vuelvan a categoría residencial, para que no quede abierta la posibilidad de que se pueda instalar otra industria. Además, vamos a pedir que dejen los terrenos en condiciones normales y habitables. No queremos que quede allí algún pasivo ambiental que después nos complique la vida”.
Los ambientalistas accedieron a una nota que APR Energy envió a CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima) en octubre de 2021 donde daba por terminado el contrato de demanda mayorista.
La última reunión de inversores del grupo Atlas Corporation, propietario de la compañía APR, fue el 12 de mayo. En esa oportunidad, su presidente y director ejecutivo, Bing Cheng, anticipó que estaban en proceso de retirarse del país. “APR completó su contrato de cinco años en Argentina en enero. El desmantelamiento de la planta de Zappalorto (partido de Merlo) está materialmente completado y nuestra otra planta de Matheu comenzará a ser desmantelada al terminar su contrato, a fines de mayo. Esperamos el redespliegue exitoso de todas las turbinas para la segunda mitad de este año”, detalló el ejecutivo del grupo radicado en Hong Kong en un documento al que tuvo acceso DIA 32.
En el mismo sentido, el ejecutivo financiero de Atlas, Graham Talbot, señaló que estaba previsto que las catorce turbinas “salgan del país a mediados de año para relocalizarlas” en otro lugar del mundo.
Distinta parece ser la situación de la otra termoeléctrica, perteneciente a Araucaria, de capitales nacionales. Su planta ubicada a la vera de la ruta 25 aún figura como uno de los activos que publicita la compañía en su sitio web.
A ciencia cierta, en estos años Araucaria se disolvió y su central de Villa Rosa cambió de manos dos veces: primero recayó en un grupo encabezado por el ex ministro del Interior del menemismo y uno de los dueños de Edenor, José Luis Manzano; y recientemente fue adquirida por SCC Power, propiedad del grupo MSU de la familia Santos Uribelarrea, especializada en el mundo agrícola pero con inversiones en el sector energético.
“La central está conformada por 4 turbinas a gas TRENT 60 de Siemens que generan 254 megawatts de energía. Limita con la Estación Transformadora de Matheu, siendo Edenor la propietaria y operadora. Se conecta directamente a través de la estación transformadora a la línea de 220 kV”, destaca la empresa.
A diferencia de APR, que alquila el predio donde se instaló, Araucaria es propietaria de los terrenos que ocupa y nada indica que piense en retirarse, al menos en el corto plazo.
Cronología del conflicto
La controversia en relación a las termoeléctricas comenzó a fines de 2016, cuando el Concejo Deliberante de Pilar aprobó el “uso conforme de suelo” para que APR Energy y Araucaria instalaran sus usinas. En julio del año siguiente, los concejales fueron más allá: derogaron esas ordenanzas y las reemplazaron sancionando la rezonificación del área en cuestión. Así, un total de catorce parcelas ubicadas en el límite de Villa Rosa y Matheu pasaron de residenciales a industriales (técnicamente, de “Complementario Club de Campo” y “Complementario Industrial” a “Zona ‘D’ Industrial Exclusiva”).
En un contexto de creciente demanda energética y frecuentes cortes de luz, la necesidad de tomar medidas se hacía necesaria, pero no a cualquier costo. El uso intensivo del acuífero Puelche, la contaminación del arroyo Burgueño, la emisión de gases de efecto invernadero, el ruido ensordecedor de las turbinas y una potencial lluvia ácida son algunas de las posibles consecuencias que traerían consigo las termoeléctricas. Por eso, el pedido prácticamente unánime de los vecinos para que sean cerradas y relocalizadas en un lugar acorde.
“Desde las termoeléctricas al pueblo de Matheu hay 250 metros; a Los Pilares, unos 400; a Campo Chico 750, a Campo Grande 950 y a Pradera unos 1.000 metros”, explicaron los vecinos en una de las tantas presentaciones que hicieron ante distintos estamentos del poder político y judicial. En una de ellas también se dirigieron a la entonces gobernadora María Eugenia Vidal implorándole que intervenga. La ex mandataria lo hizo, pero en sentido inverso: antes de finalizar su mandato, autorizó el funcionamiento de ambas centrales.
A fines de 2020, la Corte Suprema de la Nación revocó un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín a favor de las termoeléctricas y solicitó un nuevo pronunciamiento por parte de la Justicia Federal. El tribunal sostuvo, entre otros argumentos, que no se consideró el riesgo irreversible al ambiente que podría ocasionar la realización de la obra y la ejecución del proyecto. También señaló que se omitió considerar que el análisis de los proyectos se realizó en forma individual, sin contemplar el “efecto acumulativo” que tendría sobre el medio ambiente la operación simultánea de ambas centrales.
Desde entonces, tras un sinfín innumerable de idas y vueltas en estrados gubernamentales y judiciales, la polémica llegó a un punto casi sin retorno el 16 de marzo de 2021: ese día, el contradictorio tribunal de apelaciones ratificó la decisión del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, de prohibir el funcionamiento de las plantas de APR Energy y Araucaria Energy. A pesar de los intentos de ambas empresas, la cautelar aún se mantiene.
Cautela con la cautelar
La partida de APR Energy del predio de ruta 25 y Alborada es un triunfo y un motivo de orgullo para vecinos, ambientalistas y gran parte de la comunidad. “Estamos felices, para nosotros esto es un logro”, le cuenta a DIA 32 Érica Hahn, de la Organización de Ambientalistas Autoconvocados, una de las ONG que participa de la demanda contra las dos centrales.
A pesar de la satisfacción del triunfo, aún impera la cautela entre los vecinos porque no hay información formal al respecto. “Están actuando de manera ilegal y hay un encubrimiento de alguien, porque tampoco pueden irse de esta manera. Si se van, tienen que remediar el predio y hacer todo un protocolo, explicar cómo se van a ir, qué es lo que van a hacer. Así como cuando se instalaron no cumplieron con el protocolo, ahora tampoco lo están haciendo”, señala.
Uno de los argumentos de las compañías y de los funcionarios que impulsaban la creación de las termoeléctricas era que su funcionamiento mejoraría el servicio de electricidad de Pilar, Escobar y sus alrededores. Hahn descarta esa afirmación y sostiene que la energía que producirían se “enchufaría” a la red nacional. “Si esto se conecta ahí, no se puede seleccionar a quien se le da, porque la misma red la distribuye”, aclara.
“Nosotros no estamos de acuerdo con este tipo de energías, pero si se tienen que radicar en un lugar, tiene que ser en un parque industrial. Hay que excluirlas de la población, por la peligrosidad de los establecimientos y de las emanaciones que tienen, pero les convenía que estén donde están: al lado del enchufe (NdR: la estación de Edenor en Matheu)”, concluye la militante ambientalista.
La incertidumbre con respecto al futuro de Araucaria no empaña la felicidad de los vecinos por haber obtenido una victoria ambiental tan esperada con la partida de APR. Ya se fue la primera. Ahora esperan que también se vaya la segunda.
