El conflicto por la instalación de las dos centrales termoeléctricas en el límite de Villa Rosa con Matheu sigue sumando capítulos, con nuevos protagonistas. Ahora, la gobernadora María Eugenia Vidal (44) se encargó de darles un nuevo mazazo a las ilusiones de los vecinos: firmó un decreto que convalida la polémica rezonificación realizada en 2017 para que las usinas pudieran instalarse sobre tierras residenciales.
Mediante un decreto refrendado el martes 20 en la ciudad de La Plata, la mandataria provincial convalidó la ordenanza 233/17, aprobada el 27 de julio pasado, por la cual el Concejo Deliberante de Pilar había dispuesto que unas catorce parcelas ubicadas entre la ruta provincial 25 y la calle Alborada pasen de residenciales a industriales (técnicamente, de “Complementario Club de Campo” y “Complementario Industrial” a “Zona D Industrial Exclusiva”).
Así, Vidal dio luz verde -de manera formal- para que APR Energy pueda construir una enorme usina en esos terrenos baldíos, algo que la empresa estadounidense igualmente ya había realizado durante 2017 y a la vista de todos.
En uno de sus artículos, el documento puntualiza que la convalidación quedará “bajo la exclusiva responsabilidad de los organismos técnicos pertinentes”, un condicionamiento de estilo en estos casos.
Para los vecinos autoconvocados contra las termoeléctricas, la noticia fue un nuevo golpe. “Lo que hizo la gobernadora es un disparate. Firmó un decreto totalmente ilegal que no respeta ni el artículo 41 de la Constitución ni las leyes 11.459 de Radicación Industrial ni la Ley General del Ambiente”, expresó Erica Hahn a DIA 32.
Súplicas al vacío
Más de tres mil mujeres de Villa Rosa y Matheu habían firmado una emotiva carta que el 10 de noviembre pasado le hicieron llegar a Vidal, donde le imploraban que no autorice la rezonificación aprobada por los concejales pilarenses a favor de APR y Araucaria Energy.
“Nuestros hijos tienen el derecho a vivir en un ambiente sano, a crecer y desarrollarse en tranquilidad, sin miedo, sin ruido, sin riesgos innecesarios y sin mitigación de impacto ambiental por sustancias y emanaciones tóxicas que ni deberían estar en contacto con ellos. María Eugenia, esto no es un capricho nuestro. Ubicarlas ahí, sí lo es”, argumentaban.
“No dejes que nos cambien la vida de esta forma brutal e injusta. Confiamos en vos. El futuro de nuestros hijos está en tus manos. No nos dejes solas”, concluía la misiva, que apelaba a la sensibilidad materna de Vidal -tiene tres hijos- para que detuviese el avance de las termoeléctricas.
Pese a sus plegarias, no lograron moverle una sola fibra: pocos días después la gobernadora rubricó el decreto 672/17 para convalidar la ordenanza de rezonificación 234/17, aprobada por el Deliberativo de Pilar, también en julio pasado, que le dio marco legal a la instalación de Araucaria.
Por si a alguien le quedaba alguna duda, quedó claro que en esta lucha los vecinos no tendrán a Vidal como aliada. Más bien, todo lo contrario.
Cuestión de competencias
La Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires se declaró incompetente para resolver la demanda iniciada por el intendente Ariel Sujarchuk reclamando que se declare la ilegalidad de las ordenanzas sancionadas por el Concejo Deliberante de Pilar que permitieron la instalación de las centrales de APR y Araucaria. La Corte entendió “el vicio de procedimiento en la gestión y aprobación de las normas territoriales” planteado por Sujarchuk ante la decisión de su par pilarense, el macrista Nicolás Ducoté, de no darle a Escobar “oportunidad de audiencia o intervención previas”. No obstante, derivó el expediente al fuero en lo Contencioso Administrativo de San Isidro para que analice el caso y se expida sobre el litigio.
