Por FLORENCIA ALVAREZ
falvarez@dia32.com.ar
Durante muchos años se escucharon comentarios sobre la presunta existencia de un cementerio clandestino de la época de la dictadura en Maquinista Savio, donde habrían sido enterrados en fosas comunes cientos de cuerpos de personas desaparecidas entre 1976 y 1978. Sin embargo, recién ahora la Justicia Federal avanza en la investigación de este resonante caso, a partir de nuevos testimonios que se incorporaron a una causa que ya parecía condenada al archivo.
Las primeras denuncias datan de 2005, pero recién en los últimos meses, cuando la jueza Alicia Vence se hizo cargo del Juzgado Federal Nº2 de San Martín, la causa salió de su letargo y tomó un renovado impulso. Hay abogados e investigadores que creen que se trataría del “mayor cementerio clandestino del país”.
En ese marco, la magistrada encabezó una inspección ocular en el lugar acompañada por una delegación de secretarios y asistentes del juzgado, efectivos de Policía Federal, funcionarios municipales, profesionales del Equipo Argentino de Antropología Forense, los testigos declarantes y el abogado Eduardo Ramallo, delegado en la zona norte del Conurbano Bonaerense de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
El sitio que está siendo investigado es un predio de diez hectáreas donde antiguamente funcionaba un basural al que llamaban “La Quema” y ahora hay un asentamiento de no menos de 200 casillas. Está ubicado en los fondos del barrio Amancay, entre las vías del tren y el arroyo Pinazo, a unas 15 cuadras de la ruta provincial 26, y linda al este con el complejo de 274 viviendas sociales a medio construir.
Si bien la recorrida por la zona se realizó en la mañana del jueves 4 de octubre, la noticia recién tuvo amplia difusión a partir de un informe publicado el 19 de noviembre en el diario Tiempo Argentino, que accedió a la causa judicial y a la declaración de los testigos.
El primer testigo
El abogado laboralista Eduardo Ramallo trata de impulsar esta causa desde 2005, cuando conoció a Guillermo Catalino Romero, un ex empleado municipal que aseguró haber presenciado las inhumaciones ilegales dando los pormenores de cómo militares, ayudados por civiles, enterraban cientos de cuerpos a varios metros de profundidad.
Durante los años ‘70, Romero se encargaba de recolectar basura y limpiar las calles de Savio. Como parte de su trabajo, era normal que estuviera al tanto de la existencia de “La Quema”, un terreno conocido como “Campo Pestarino”, en alusión a José Pestarino, su dueño original, donde funcionaba un enorme depósito de residuos de los partidos de Escobar y Pilar.
La declaración del entonces recolector, incluida en el expediente judicial, es reveladora. Especifica que el predio estaba dividido en dos: en una parte se tiraba la basura que era recolectada por los empleados municipales y la otra, separada por un alambre, era utilizada por personal militar. También cuenta que en un primer momento el campo tenía un solo ingreso, pero una vez que los militares asumieron el gobierno, en marzo de 1976, se construyó un camino paralelo a las vías del tren por donde sólo transitaba el personal del Ejército.
“Los militares trabajaban durante el día con las excavaciones en ese sector, y por la noche hacían la descarga de basura mientras otros traían cuerpos de personas. Siempre había personal del Ejército uniformado y fuertemente armado que custodiaba el lugar prohibiendo que los empleados nos acercáramos a menos de 100 metros después de las ocho de la noche”, declaró Romero.
Como esos extraños movimientos le llamaban la atención, y además le había llegado el rumor de que en los camiones había cadáveres, una noche decidió esconderse en las inmediaciones del lugar junto a un compañero suyo llamado Juan Fernández. Fue así que vio los cuerpos de las personas que eran arrojados de los camiones hacia los pozos. “Nunca pude borrar esa imagen de mi cabeza”, aseguró.
Pero en 2009 Romero falleció y el expediente quedó a la deriva. Hasta que en los últimos meses un nuevo testimonio volvió a impulsar la causa.
[wppg_photo_slider id=»115″]
Treinta y seis años después
Luego del golpe de Estado, Alberto Octavio Vicenti había conseguido un puesto de lavacopas en un restaurante de San Isidro. De lunes a sábado, pasada la medianoche, tomaba en Victoria el tren del ramal Mitre para volver a su casa cerca de la estación de Matheu.
Entre 1976 y comienzos de 1978, unas tres veces por semana, aseguró haber advertido el mismo acontecimiento cuando el tren salía de Savio en dirección a Matheu. Según Vicenti, el motorman, probablemente por curiosidad, aminoraba la marcha ante una luminosidad que aparecía en medio de la noche, provocada por los focos de camiones militares y autos sin chapa.
Describió que los faros alumbraban canales gigantescos excavados en medio del campo, y en las fosas los militares tiraban bultos. A Vicenti tampoco se le fue esa imagen de la cabeza, pero recién se animó a contarlo ante la justicia 36 años después.
El testigo ubicó el lugar a unas 14 cuadras de la estación de Savio y también habló de un “camino de luces” situado a unos diez metros de las vías del tren. Dijo haber visto camiones del Ejército, automóviles Ford Falcon y a los “colimbas que descargaban bultos de tamaños grandes”.
Vicenti explica que al día siguiente, al regresar al trabajo en el tren con sentido contrario, “se podía observar en forma más nítida que en la misma zona donde la noche anterior se descargaban los bultos había una pala mecánica aparentemente municipal, bastante deteriorada, que estaba en pleno trabajo de emparejamiento del terreno”.
Estos dos testimonios, más otros aportados por vecinos y familiares de algunos de los 45 desaparecidos escobarenses, fueron los que dieron comienzo a la investigación. También contribuyó la investigación realizada por los docentes Gabriela Carballo Díaz y Guillermo Winkhaus, de la Escuela Nº9 de Savio, que trabajaron en el programa “Jóvenes y Memoria”. Además, durante la recorrida en “La Quema” se sumó otro testimonio que nadie esperaba (ver “Es un hilo de esperanza” ).
Tras su visita al lugar, la magistrada dispuso la preservación del predio por parte de agentes municipales, aunque cuando DIA32 recorrió el predio no encontró a nadie que estuviera cuidando el área delimitada.
Dice el refrán que más vale tarde que nunca. De comprobarse que lo que dicen los testigos es cierto, los seres queridos de esos muertos quizás encuentren respuestas a tantas preguntas abiertas, a tanta búsqueda desesperada sin resultados y puedan finalmente, aunque más no sea, darles una sepultura digna y ese adiós atragantado por más de 35 años.
HORACIO GEREZ, DE LA COMISION POR LA MEMORIA
“Es un hilo de esperanza”
Horacio Geréz es integrante de la Comisión por la Memoria y los Derechos Humanos de Escobar y fue parte de la comitiva que realizó la inspección por los terrenos de “La Quema”, en su calidad de asesor legislativo en Derechos Humanos y Garantías del diputado nacional Jorge Rivas. DIA 32 lo entrevistó.
Usted integró la comitiva como acompañante y terminó recibiendo un importante testimonio ¿qué fue lo qué pasó?
Dando vueltas por el predio se me acercó un joven para preguntarme si íbamos para desalojarlos. Le dije que no, que era una investigación porque, aparentemente, en la época de la dictadura militar ahí había habido enterramientos. Y el chico me dice: “Sí, ve las casitas que están allá, cuando se empezaron a construir y a cavar para hacer los pozos ciegos, encontraron varios huesos de esqueletos de personas”. Le pregunté si estaba seguro, si no serían huesos de vacas, y me dijo que no, que eran de personas, que inclusive habían encontrado cráneos.
Les consulté a los antropólogos y me dijeron que podía ser, porque un pozo ciego se hace a siete u ocho metros de profundidad. Entonces le fui a decir a la jueza y ella enseguida lo comentó con dos asesoras y una le dijo: “Mire que quizás es una persona muy humilde y no va a tener dinero para viajar hasta San Martín para dar su declaración”. Así que la jueza decidió tomarle declaración ahí mismo.
¿Qué sintió al recorrer ese lugar pensando que podría estar parado sobre cientos de cadáveres de desaparecidos?
Fue una sensación múltiple, porque por un lado están los horrores de lo que pasó. Pero, por otra parte, en esta causa que lleva tanto tiempo postergada es un hilo de esperanza. Uno siente también una crítica hacia la justicia porque es muy lenta, pero ahora vi una actitud en esta jueza que me hizo pensar que la justicia es lenta pero depende de quien la administre. Que si hay voluntad, hay montones de casos que la democracia puede sacar adelante. Me parece que si la causa se reaviva de esta forma, podría ser muy interesante. Pero también está el tema de la incertidumbre, de saber si se va a llegar al fondo. Es un predio muy grande, pasó mucho tiempo y no hay indicios muy evidentes.
¿Por qué piensa que la causa se reactiva recién ahora?
Las causas de lesa humanidad son imprescriptibles y alguien con voluntad las puede reflotar. Pero también tiene que ver con que Ramallo tomó otro caso de alguien que tiene familiares desaparecidos y cree que pueden estar en Escobar.
¿Hay algún dato de cuándo van a empezar a trabajar, a hacer excavaciones o algún tipo de búsqueda?
Eso lo va a determinar la jueza con los antropólogos y tendrán que ver cuál es la situación legal sobre el tema de la tierra y la cantidad de espacio.
¿De dónde sospechan que provendrían esos cadáveres?
Hay una teoría que plantea que siendo Campo de Mayo un centro muy grande de detención, con cárceles clandestinas, es muy probable que hayan decidido hacer en esta zona la disposición final de los cuerpos de gente que moría o mataban en cautiverio. Al haber estado tan cerca, y habiendo tenido Escobar personajes vinculados a la dictadura a través de la policía, no sería extraño que haya habido enterramientos clandestinos.
EDUARDO RAMALLO, ABOGADO DE LA APDH
“Estamos ante algo realmente trascendente”
Representante de la APDH en el norte del Conurbano Bonaerense, Eduardo Ramallo vivió y trabajó en Escobar durante toda su vida como abogado laboralista. “Siempre había escuchado rumores sobre fosas clandestinas, pero nunca pude hacer nada hasta cruzarme con testigos presenciales”, afirma el experimentado letrado.
Ramallo cuenta que conoció a Guillermo Romero a través del hermano, que fue a consultarlo por un accidente laboral: “Un día saltó el tema y me dijo que Guillermo había visto la manera en que los militares llevaban los cuerpos. Romero no se animaba a declarar, hasta que lo convencí para presentar la denuncia en un juzgado federal”.
La muerte del testigo pareció estancar la causa, pero hace unos meses Ramallo conoció a Octavio Vicenti, otra persona que asegura haber visto lo mismo que Romero: “Me lo presentaron Gabriela Carballo Díaz y su esposo Guillermo, que son docentes. Octavio vivía en Matheu y cada vez que el tren volvía a su casa, después de la medianoche, advertía los movimientos”.
Según los testimonios, los pozos superaban los cinco metros de profundidad, tenían casi 100 metros de largo por cuatro de ancho. Ramallo asegura que allí “debería implementarse lo que se hizo en Formosa, en el caso Mojón de Hierro, donde con la ayuda de un geo-radar encontraron restos humanos enterrados”.
Por otra parte, consideró que de comprobarse lo que dicen los testigos sería algo “extraordinario, quizás de características inéditas en la Argentina. Algo como lo ocurrido en las fosas de Katyn, durante la Segunda Guerra Mundial, donde fueron encontrados 5.000 cuerpos de oficiales polacos. Estamos ante algo realmente trascendente”.
“Lo inmediato será tramitar pedidos de audiencia al ministro de Justicia, al titular de la Cámara Federal de San Martín, al presidente de la Corte Suprema y al Congreso Nacional. Porque el paso del tiempo es el enemigo más grande que tenemos”, advirtió.
