No es ninguna novedad que las comisarías de la provincia de Buenos Aires, especialmente en el Conurbano, tienen sus calabozos abarrotados, con muchos más detenidos de los que deberían alojar. Pero no por ser conocida la situación deja de ser grave.
En teoría, la función de las celdas de las dependencias policiales debería ser la de recibir a alguna persona demorada por un delito leve -una pelea, por ejemplo- o custodiar a algún acusado de un ilícito mayor para después derivarlo a un centro penitenciario. Pero en la práctica, eso no sucede. La permanencia por tiempo indeterminado, el hacinamiento y las pésimas condiciones de alojamiento son moneda corriente.
El partido de Escobar no escapa a las reglas generales de esta realidad. Muy por el contrario, la refleja cabalmente: los calabozos de sus dependencias policiales tienen una ocupación de 300%, según un reciente informe elaborado por la Red de Jueces Penales de la provincia de Buenos Aires.
“La gravísima realidad de superpoblación que afecta a las dependencias policiales representa una verdadera catástrofe, una crisis humanitaria de una magnitud que no conoce precedentes”, advierte el documento.
Asimismo, los magistrados exponen que, en un momento donde la inseguridad vuelve a ser uno de las principales preocupaciones de la sociedad bonaerense, “el alojamiento de detenidos en comisarías, lejos de contribuir al mejoramiento de ese problema, distrae muchos recursos humanos, convirtiendo a los empleados y funcionarios policiales en carceleros”, lo que “desnaturaliza la función policial”.
Ante esta situación de crisis estructural, que viene agravándose año a año, el gobernador Axel Kicillof decidió encarar la creación de 10 nuevas alcaidías departamentales, con capacidad para 300 internos. Una de ellas se construiría en la localidad de Dique Luján, sobre la ruta 26, casi en el límite con Ingeniero Maschwitz, según la planificación del Ministerio de Justicia provincial.
Las alcaidías son establecimientos penitenciarios de la provincia, creados en 2010, con el fin de suplantar el alojamiento de los detenidos en comisarías y traspasar su custodia desde la fuerza policial al Servicio Penitenciario Bonaerense.
Allí llegan las personas capturadas en delitos in fraganti o que están a disposición de la Justicia y permanecen hasta que se les dicte procesamiento o se los libere, según vaya avanzando la investigación penal. Ese proceso suele durar unos 90 días, por lo que se da una circulación permanente de reclusos.
Actualmente hay 8 establecimientos de este tipo en territorio bonaerense: 3 en La Plata, 2 en Avellaneda y una en Lomas, San Martín y Campana. La idea es construir 30 más para disminuir la superpoblación carcelaria, dar condiciones adecuadas de alojamiento y liberar al personal policial de esta tarea.
Rechazo inmediato
En Maschwitz, la iniciativa despertó la preocupación y el malestar de un sector de la población. Decenas de vecinos participaron el domingo 15 de una convocatoria abierta en la plaza Emilio Mitre y elaboraron un petitorio para que se revea la decisión.
Los vecinos argumentan que el lugar elegido para construir la alcaidía no es apto, ya que está sobre un “área de preservación ambiental”, reconocida como tal por el Concejo Deliberante de Tigre en una ordenanza que sancionó a fines del año pasado.
Una segunda razón para oponerse es que tampoco les agrada la idea de tener un establecimiento de estas características cerca de donde viven, ya que consideran que eso desplomaría el valor de sus propiedades.
Ante cierta confusión por mensajes cruzados y desinformación, el Municipio organizó el miércoles 18 una reunión con autoridades del Ministerio de Justicia bonaerense en el microestadio de Garín. Allí estuvo presente el director de Políticas Penitenciarias, Luis Ratto.
“La idea es que la Policía cumpla con su fin y garantice la seguridad de los vecinos, no cuidar a quienes están alojados. Esto es un proyecto, no hay nada definido. Si los estudios de impacto ambiental determinan que ahí no se puede realizar esta obra, no se va a hacer. No hay intención de hacer nada de prepo”, aseguró el funcionario a los vecinos.
El secretario de Gobierno del Municipio, Javier Rehl, fue en la misma dirección: “Si las condiciones no están dadas desde el punto de vista ambiental, el proyecto se relocalizará. Se van a tomar en cuenta las opiniones de los vecinos y vamos a generar los consensos necesarios”, prometió.
El trámite legislativo
Mientras tanto, el Senado de la provincia sancionó el jueves 19 la ley de expropiación de terrenos para la construcción de cárceles y alcaidías en el Conurbano, que incluye la fracción ubicada en el límite entre Maschwitz y Dique Luján. La iniciativa ya contaba con la media sanción de la Cámara de Diputados, que la convalidó a fines de octubre.
La norma fue aprobada de manera unánime por todas las bancadas y contempla un plazo de diez años para desarrollar las obras. Sin embargo, hubo varias críticas de la oposición hacia la localización prevista para esta alcaidía.
“Ni a propósito se puede cometer semejante error. Es un humedal y está declarado como zona protegida por el municipio de Tigre. Es una locura, un error sin par lo que han realizado”, expresó el escobarense Roberto Costa, quien preside la bancada de Juntos por el Cambio. No obstante, reveló que el ministro de Justicia, Julio Alak, “se comprometió a subsanarlo”.
El tema también salió a flote durante la sesión del viernes 20 del Concejo Deliberante, que sancionó una resolución expresando su beneplácito por el Plan de Infraestructura Penitenciaria y solicitando que se incluya a Escobar en el mismo, siempre y cuando sea en una zona apta.
Por lo pronto, la creación de esta alcaidía ya es ley, pero su localización definitiva quedó envuelta en interrogantes.
