YPF y el Estado Nacional construyen en el Paraná de las Palmas un puerto regasificador que ya hizo explotar la polémica. Preocupados por la seguridad y la naturaleza, vecinos y ambientalistas dieron intervención a la Defensoría del Pueblo y a la Legislatura bonaerense.

Argentina duplicará su capacidad de importación de Gas Natural Licuado (GNL) mediante la construcción de un Puerto de Regasificación en el Paraná de las Palmas. Existe ya un puerto de este tipo en Bahía Blanca y no está exento de polémicas: allí, como aquí, preocupan las condiciones de seguridad y el impacto ambiental.

La construcción del puerto demandará una inversión de 150 millones de dólares, desembolsados en partes iguales por los responsables de la obra: de un lado el consorcio estatal-privado formado por la petrolera estatal Enarsa y la Repsol YPF de la familia Eskenazi, y del otro, la corporación germano-estadounidense Exelerate Energy.

Estos puertos involucran un altísimo nivel de ingeniería y tecnología. Los gigantes barcos regasificadores llegan y se ubican en paralelo con un barco más pequeño que lo espera en el puerto. Las toneladas de GNL se pasan por mangueras de un barco al otro (“ship to ship”), y de éste al gasoducto que lleva el insumo a la red nacional que provee a las industrias y hogares.

En este caso se construirá un gasoducto de 32 kilómetros hasta Los Cardales, desde donde se distribuirá al país.

En inviernos anteriores, el gobierno nacional decidió reducir el flujo destinado a la industria a fin de proteger el abastecimiento en los hogares. La decisión de sumar GNL como fuente de energía busca paliar la escasez.

Emilio Apud, ex Secretario de Energía de la Nación, dice que “el movimiento de GNL (Gas Natural Licuado) se efectúa a temperaturas de 160 grados bajo cero que exigen estrictas condiciones de seguridad, que en este caso no están garantizadas”.

Por su parte, el responsable de la comunicación con la prensa de Repsol-YPF, Ariel Rudistein, asegura que “la obra se realiza con total respeto a las normas de seguridad y de impacto ambiental”.

Sensación de inseguridad

Las organizaciones ambientalistas cuestionan tanto la inseguridad del puerto gasificador como la planificación de una matriz energética nacional dependiente de fuentes de energía no renovables y contaminantes.

El principal problema de estos proyectos es lo inflamable que es el gas natural. Ocurre que el peligro es mayor cuando el gas fue licuado para su transporte y debe ser regasificado para usarse en el país de destino. Esta regasificación debe hacerse en el puerto y bajo estrictas medidas de seguridad. Una pequeña pinchadura en los tanques o mangueras que almacenan y transportan el GNL puede liberar una nube de fuego que devoraría todo a su paso.

Una investigación realizada por la Universidad Politécnica de Cataluña, titulada “Análisis histórico de accidentes en el transporte de Gas Natural”, comprobó un total de 181 accidentes relacionados con el gas natural licuado hasta 1996.

El más terrible ocurrió en 1944 en Ohio, Estados Unidos, cuando falló un tanque de GNL de la East Ohio Natural Gas Company y 128 personas murieron. El último accidente fue en 2004, esta vez en Argelia y con el saldo de víctimas fatales.

Venezuela vende mucho gas licuado a la Argentina. Para la construcción del puerto regasificador de Bahía Blanca, las petroleras PDVSA y ENARSA llamaron a concurso público y establecieron como condición necesaria que los proyectos presentados y localizaciones propuestas para la construcción del puerto tuvieran en cuenta “los estándares generalmente aceptados de la industria a nivel internacional”.

Greenpeace se opone a la construcción de puertos regasificadores debido a las “justificadas inquietudes” que estos proyectos generan en materia de seguridad.

En California se estableció que debe haber 5 kilómetros a la redonda libres de población. Nadie, por razones de seguridad, debería vivir dentro de ese radio. España es menos exigente y marca un perímetro de dos kilómetros.

Para este informe, DIA 32 intentó sin éxito obtener la versión oficial de las autoridades municipales. Quien sí aceptó hablar del tema fue la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Concejo Deliberante. María Rosa Pereyra aseguró que “la empresa Repsol-YPF compró las casas de todos los pobladores a 5 kilómetros a la redonda”, por lo que en el perímetro de seguridad “no quedan habitantes”.

Sin embargo, esta revista acompañó a una ONG ambientalista a una recorrida por el puerto de Escobar y constató que hay pobladores a 1.500 metros de la zona en construcción. El propio Ariel Rudistein, de YPF, admitió que el country Jardín Náutico Escobar se encuentra a esa distancia de la obra.

Reclamo ambientalista

La Asociación Ambientalista del Partido de Escobar y la ONG ecologista Los Talares presentaron sus cuestionamientos en la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Lo hicieron acompañadas por la dirigente opositora Aída Holtz, quien recordó que el Concejo Deliberante aprobó la construcción del puerto regasificador en el Paraná de las Palmas el mismo día en que todas las organizaciones ambientalistas estaban concentradas en una audiencia pública donde criticaban dura y fundadamente la construcción de Puertos del Lago por la destrucción de las funciones ecológicas que cumplen las más de 1.400 hectáreas de tierras bajas (o humedales) donde desarrollará su megaemprendimiento inmobiliario el magnate Eduardo Costantini.

Holtz remarcó que la aprobación del puerto se hizo “de espaldas a la gente y a las ONGs ambientalistas”. También indicó que el gobierno no realizó ningún estudio de impacto ambiental sino que el mismo fue “hecho por la empresa y presentado a las autoridades para su rápida aprobación”.

Pereyra, por su parte, admitió que “los gasoductos van a pasar por zonas de humedales, removiendo sus tierras, pero no lo suficiente como para considerarlo algo grave”. Aseveró, además, que “siempre existen los errores humanos, y es posible que esos caños algún día sufran una rajadura y se filtre el gas hacia la tierra, pero la necesidad del gas es real y no podemos desabastecer a los hogares”.

A la hora de evaluar la matriz energética del país, admitió que “hasta que los políticos de arriba hagan algo por el medio ambiente falta mucho”. En cuanto al proyecto específico del puerto que se construye en Escobar, afirmó que “no era necesario convocar a una audiencia pública porque el gobierno provincial dijo que estaba todo diez puntos”.

Sin embargo, la presidenta de Los Talares, Korine Schultz, insiste en que era obligación del Municipio convocar a una audiencia pública para escuchar la preocupación y opinión de los vecinos. “Deberían preocuparse por informarnos y tranquilizarnos, pero toman la actitud contraria”, aseveró.

Ante ese panorama, Holtz decidió acercarse a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados de la Nación y fue recibida por Miguel Bonasso, quien se comprometió a evaluar el informe que le fue presentado e interesar a otros miembros del Congreso en esta causa.

Comisión investigadora

Ante los reclamos formulados desde Escobar, desde el bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica se involucraron en el caso del puerto de regasificación. Así, el legislador de la primera sección Sebastián Cinquerrui presentó el 10 de noviembre un proyecto de resolución para crear una Comisión Especial Investigadora.

Los objetivos de la misma serán “conocer, evaluar, investigar y esclarecer los aspectos legales, políticos, técnicos y de impacto medioambiental relacionados con la construcción del Puerto de Regasificación de Gas Natural Licuado en el marco del “Proyecto de regasificación de GNL e inyección de gas natural de la Provincia de Buenos Aires”, por parte de la empresa YPF, sobre la rivera del Río Paraná de las Palmas, en el Municipio de Escobar”, según postula su artículo 1º.

Si se aprueba la propuesta de Cinquerrui, la comisión estará integrada por diez diputados designados a propuesta de los diferentes bloques que componen el cuerpo legislativo y deberá producir un informe final en un plazo de 180 días.

Uno de los aspectos en los que se pretende hacer foco es investigar si “en la planificación y ejecución de la obra se han observado debidamente” la Constitución Nacional y Provincial y un conjunto de leyes que regulan la materia ambiental, así como “la existencia de prácticas tendientes a obstruir, falsear, denegar u ocultar la información ambiental en los términos definidos por la ley nacional 25.831 por parte de funcionarios públicos de cualquier instancia”.

Además, la comisión podrá recibir denuncias, requerir y recibir declaraciones testimoniales y solicitar careos o pericias técnicas, realizar inspecciones y conocer el estado de las causas judiciales relacionadas con los hechos investigados, entre otras facultades y atribuciones de las que se propone investirla.

Para esta presentación, el diputado se basó en la denuncia radicada ante la Defensoría del Pueblo bonaerense. En la misma se alude principalmente a la falta de información oficial y a los riesgos ambientales y humanos que podría causar la construcción del puerto de regasificación.

“Nos encontramos ante un proyecto de un altísimo riesgo, que guarda una vinculación directa con el futuro de la matriz energética argentina y que se enmarca en una transformación del mercado de la energía a escala global, que en todo el mundo ha generado el repudio unánime de la comunidad afectada y que pretende instalarse al lado de una reserva ecológica de importancia estratégica, aprobado entre “gallos y medianoche”, sin información fidedigna, sin declaraciones oficiales, sin audiencias públicas y a espaldas de los escobarenses”, cuestiona el texto que empezó a analizarse en la Legislatura.

El gas, ¿se va a acabar?

El gas natural es la principal fuente de energía en el país. Para calentar una pava o manejar un auto a GNC se usa gas natural. Al mismo tiempo, mucha de la electricidad que consumimos existe gracias a ese gas.

Argentina depende cada vez más de la energía importada, porque las reservas de petróleo y gas natural bajaron 9% y 39%, respectivamente, entre 2001 y 2008. Aunque esta situación podría dar un abrupto viraje si se confirma el hallazgo de un reservorio de gas no convencional en Neuquén, que permitiría abastecer el consumo actual del país por más de cien años.

La novedad no había sido anunciada oficialmente al cierre de esta edición de DIA 32, pero trascendió que la empresa perforadora norteamericana Schlumberger habría descubierto yacimientos de arenas compactas (que reemplazan a los campos convencionales), con reservas que equivaldrían a unos 26 yacimientos del tamaño de Loma de La Lata, el último en descubrirse y más importante del país.

No obstante, no hay mucho gas en el mundo y las formas de transportarlo se desarrollaron muchísimo con la ayuda de la ciencia y la tecnología. Donde las distancias lo permiten se construyen gasoductos, como entre Bolivia y Argentina o Rusia y Ukrania. Cuando hay miles de kilómetros que alejan el gas de los países que lo necesitan, es comprimido y transformado en líquido, ocupando 600 veces menos espacio. Enormes barcos “regasificadores” transportan el GNL por todo el mundo.

Según las Naciones Unidas, la reserva mundial de gas natural se extinguirá en unos 60 años. En territorios de la ex Unión Soviética y Medio Oriente se concentran el 70% de las reservas, mientras que Centroamérica y Sudamérica sólo tienen el 4%.

A medida que el gas se acabe, como ocurre ahora mismo con el petróleo, su precio se irá por las nubes, enriqueciendo a los magnates que revientan sus ventas hasta quedarse sin stock.

Energías renovables

“Las energías renovables y limpias son la solución real. La energía eólica responde claramente a esta definición, además de significar un importante beneficio en cuanto a que no genera peligros y sí un marcado beneficio económico. El viento, ¿qué cuesta? Nada. En el mundo la energía eólica ha crecido en forma exponencial”, afirma la Asociación Ambientalista de Escobar.

Las granjas eólicas -existen once en nuestro país y siete proyectos para construir nuevas- son los lugares donde se instalan mega-molinos que se mueven con la fuerza del viento, y ese movimiento es aprovechado para generar electricidad.

La Cámara Argentina de Energías Renovables aglutina a importantes empresas y actores sociales vinculados al desarrollo de fuentes de energía amigable con el medio ambiente. Destacan especialmente el potencial de las energías eólica y solar en nuestro país. Dicen que Argentina “forma parte de una región privilegiada por su diversidad de suelos y climas, por su caudal de luz solar y vientos en abundancia”, pero aclaran que “la industria argentina de energías renovables está recién comenzando”.

De hecho, recién hace poco el gobierno nacional llamó a una licitación para la generación eléctrica a partir de fuentes renovables. Las empresas seleccionadas desarrollarán electricidad a partir de la energía eólica y solar. El gobierno estima cubrir el 3% de la generación eléctrica de todo el país a partir de estos emprendimientos que significan una inversión de $2 mil millones.

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