Por CIRO D. YACUZZI
cyacuzzi@dia32.com.ar
Corría la media mañana del miércoles 4 de abril cuando una veintena de hombres con aires patoteriles irrumpió sobre la calle Rivadavia al 400: cruzaron un par de autos en la entrada a una agencia de remises y bloquearon la circulación vehicular por esa arteria, lo cual dejó inactiva la terminal de ómnibus y derivó en un caos de tránsito absoluto en esa zona neurálgica de la ciudad. Pero todo eso fue lo de menos, porque cinco horas más tarde convirtieron el lugar en un polvorín. Un auto ardiendo en llamas, cubiertas encendidas largando una espesa humareda, una lluvia de piedras, vidrieras rotas, gritos y un puñado de pendencieros con palos en las manos compusieron un cuadro de inusitada violencia, ante la mirada absorta de cientos de testigos. ¿La Policía? Bien, gracias, ausente sin aviso.
Los desmanes fueron causados por el sindicato UCAIRRA (Unión de Conductores de Autos al Instante y Remises de la República Argentina), una organización de dudosa legitimidad alineada a la CGT, que acostumbra querer imponer sus pretensiones a como dé lugar y sobre la que pesan varias denuncias de extorsión.
Su coartada es reclamar la desprecarización laboral de los choferes, exigiendo que sean registrados como empleados en relación de dependencia para que puedan tener recibo de sueldo, cobertura médica, aportes jubilatorios y otros beneficios. Pero nada de eso plantean entre cuatro paredes, según coinciden los empresarios del sector.
En su desembarco en Escobar, UCAIRRA buscó torcerle el brazo al dueño de la empresa Baires, Fernando Sánchez, pero terminó yéndose con las manos vacías. Claro, no sin antes generar una andanada de desmanes, innecesarios, injustificables, graves y reprobables desde toda óptica. “El que no arregla, la liga”, sería el mensaje que quisieron dejar a fuerza de violencia.
“Esto no es un escrache. Es un paro para la empresa. Los compañeros que trabajan acá necesitan que terminemos con un acuerdo. No pueden seguir trabajando totalmente en negro”, explicaba el secretario gremial de UCAIRRA, José Jaime. Pero sus palabras chocaban de plano contra una realidad que los mostraba enfrentados a quienes decían representar y que, a la postre, se llevarían la peor parte. Los remiseros habían formado una especie de muralla humana en el acceso al playón y defendían su fuente de trabajo pacíficamente, soportando continuas provocaciones de quienes invocaban luchar por sus derechos. Sí, insólito.
Tensa desde el primer minuto, la situación terminó desmadrándose de manera previsible y gradual. Al ver que el tiempo se consumía sin que obtuvieran ninguna respuesta, la patota de UCAIRRA dio rienda suelta a sus hostiles instintos. Primero, detonando pirotecnia y encendiendo unas cubiertas que habían apilado frente a la agencia apenas llegaron. Después, apedreando a los remiseros y prendiendo fuego uno de los autos -un VW Bora- que a causa del bloqueo habían quedado en medio de la calle.
Recién ahí, cinco horas más tarde y con los hechos consumados, la policía llegó al lugar. Confundida y errática, con el comisario Carlos Vara al mando y disparando balas de goma sin distinguir víctimas de victimarios, a pesar de que unos vestían camisas blancas y otros remeras naranjas con las inscripciones del sindicato. De estos últimos, tres individuos que no lograron escabullirse a tiempo fueron aprehendidos y pasaron varios días en los calabozos.
Un auto consumido por el fuego, cuatro remiseros heridos a piedrazos, otro descompuesto por la inhalación de monóxido de carbono, una empleada administrativa con una lesión ocular causada por la astilla de un vidrio que explotó delante suyo, los cristales de la agencia y de otro comercio cercano rotos fueron el saldo de una jornada negra, que invadió de sensaciones de indignación, impotencia y desprotección a propios y extraños.
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“Nos dejaron solos”
El dueño de Baires, Fernando Sánchez, lloraba de nervios al dar sus primeras declaraciones, mientras seguían llegando ambulancias a la agencia para llevar a los heridos al hospital Erill. “Estos tipos que vinieron son un montón de patoteros, una banda de delincuentes que lo único que quieren es extorsionar por dinero. Lo que pasa es que acá se llevaron una sorpresa, porque la gente salió a defender la fuente de trabajo”, expresó.
El empresario también manifestó su bronca por la inacción policial: “Nos sentimos totalmente desprotegidos. Si hubiesen mandado personal, acá no hubiera pasado esto. Es una vergüenza. Estuvimos todo el día llamándolos y les dijimos que acá iba a correr sangre, pero no les importó”.
En la misma sintonía se manifestó el presidente de la Cámara de Agencias de Remises de Escobar (CARE), Horacio Sánchez. “Nos dejaron solos, abandonados y desprotegidos. Me cansé de tocar puertas en la fiscalía, la comisaría y el Municipio, pero nadie nos dio respuestas. No vamos a parar hasta encontrar el responsable, sea quien sea”.
Sánchez calificó de “delincuentes” a los representantes de UCAIRRA y señaló: “Lo que piden ellos es un sobre. Hay un montón de pruebas contra esta gente, incluso una cámara oculta y denuncias penales por todas partes, pero es una cosa de nunca acabar”.
Al repudio por los hechos y la ausencia de las fuerzas de seguridad se sumó la defensora del Pueblo, Rocío Fernández, quien se hizo presente en el lugar tras los desmanes. “Lo que pasó es un espanto, de casualidad no terminó con un muerto. Tiene que haber una profunda investigación del accionar de los violentos, que claramente estaban ejerciendo una extorsión y son una banda mafiosa, así como de las autoridades que no evitaron los daños pese a los reiterados reclamos de las víctimas”, exigió la funcionaria.
La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Escobar (CCISE) y, tres semanas después, el Concejo Deliberante también expresaron repudios enérgicos y categóricos.
El gran bonete
A siete días de los disturbios, la CARE, CCISE y el Foro Vecinal de Seguridad convocaron a una suerte de cabildo abierto para echar luz sobre los episodios y, particularmente, tratar de encontrar explicaciones a la actitud policial. Pero las razones expuestas por los responsables no resultaron sólidas, sensatas ni creíbles a los oídos de los organizadores ni del numeroso auditorio, compuesto mayormente por conductores de remises.
El jefe de la comisaría 1ra volcó las responsabilidades de su inacción sobre el fiscal Christian Fabio: “Fue él quien evaluó e impartió las directivas a seguir. Entendió que era una protesta gremial y ante eso no podíamos actuar porque es un derecho constitucional”, se excusó Vara.
Sin embargo, el jueves 4 a la noche, en declaraciones a El Día de Escobar, el comisario había dicho que fue él quien decidió que no era necesario intervenir por interpretar que se trataba de un conflicto gremial. “Cuando se produjo el delito actuamos, mientras tanto era una manifestación. Uno nunca sabe cómo pueden terminar estas cosas”, expuso en su defensa.
También el secretario de Seguridad del Municipio, Walter Gómez, esquivó responsabilidades por la ausencia de la Patrulla de Prevención Comunitaria en el lugar de los hechos: “No tenemos la facultad de efectuar un procedimiento de desalojo ni de aprehensión. No tenemos poder de policía“, se justificó.
En tanto, el comisario Marcelo Guerra, jefe distrital de la Policía, dijo haber iniciado un sumario interno y aseguró que “si hubo un mal accionar policial, los responsables serán castigados”.
El fiscal Fabio no participó de la convocatoria del miércoles 11, pero fue consultado por DIA 32 y desmintió de plano a Vara: “Las cuestiones de seguridad no forman parte del poder Judicial”, expresó el funcionario, quien tiene a su cargo tres causas relacionadas a los hechos del 4 de abril. En una de ellas investiga los verdaderos motivos por los que la policía se mantuvo cruzada de brazos ante los reiterados pedidos de protección de los remiseros. De su desempeño dependerá que la impunidad y la complicidad -por acción u omisión- no ganen la pulseada esta vez también.
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